Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
El pasado 7 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, el estudiante de derecho, Javier Ordoñez falleció a consecuencia del uso desmedido de la fuerza, por parte de algunos miembros de la Policía Nacional, en medio de un abusivo procedimiento. Este hecho ha generado la indignación ciudadana y todo tipo de reacciones, varias de ellas desafortunadas. Confiamos en una respuesta pronta del sistema judicial que permita esclarecer lo sucedido y condenar a los culpables de estas acciones lamentables.
Aunque integrantes de la fuerza pública han incurrido en estos abusos, no se puede utilizar esta realidad para deslegitimar a la institución. Es necesario, detectar y corregir las motivaciones que han llevado a algunos miembros de la Policía Nacional a cometer toda clase de actos repudiables. Es tiempo de revisar los procesos de admisión a cursos de oficiales y suboficiales, haciendo énfasis en el comportamiento social y psicológico, incluido el entorno familiar. También los procesos formativos se deben someter a esta evaluación, para saber lo que se está impartiendo, los criterios que se establecen para perfilar a sus estudiantes, y los parámetros para obtener sus calificaciones, si se observan o no las aptitudes y perfiles emocionales, tanto de aspirantes como de instructores.
Para el caso específico de la Policía Seguridad Ciudadana, la cual enfrenta día a día las conflictividades de las comunidades (riñas, violencia intrafamiliar, hurtos, etc), las escuelas de formación deben fortalecer los modelos de educación basados en el uso de la didáctica y la pedagogía, inclusive en la enseñanza de conceptos como la inteligencia emocional, que les permitan resolver las diferentes problemáticas sin el uso de la fuerza y en el marco del respeto a los derechos humanos. Así mismo, se requiere reforzar los conocimientos sobre las posibles consecuencias en el uso de la fuerza cuando se requiere el manejo de armas.
La sociedad no debe perder el norte, no podemos dejar que el odio impulsado por algunos sectores ideológicos nos infecte como sociedad; son muchas más las acciones heroicas de nuestros policías, durante los últimos 100 años de historia de la institución. Muchos uniformados han dado sus vidas en el ejercicio de su deber, sin contar con los que fueron secuestrados y torturados mientras protegían nuestra democracia, libertad, vida y bienes.
Recordemos la época en la que el narcotráfico puso precio a la cabeza de los policías, por lo que perdieron la vida más 500, o los cientos que sufrieron los campos de concentración de las Farc. Aún conmueven las imágenes del niño Andrés Felipe Pérez, del hijo del cabo José Norberto Pérez, quien con un cáncer terminal suplicaba a las Farc la liberación de su padre, para poder estar con él en sus últimos días, pero esto nunca sucedió, el secuestrado nunca vio la libertad. No se puede olvidar cómo nuestra policía en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, logró que los alcaldes amenazados de más de 300 municipios regresaran a sus poblaciones.
Es increíble cómo algunos políticos desde la comodidad de sus mansiones, irónicamente custodiados por policías, desde un teclado incitan a los ciudadanos a la anarquía. Ellos solo debilitan el orden democrático, justificando la violencia como un acto legítimo de protesta, y proponen que la policía se convierta en un apéndice político fiel a sus doctrinas. La política del odio solo muestra debilidad de los argumentos de quienes promueven igualdad social desde sus palacios, solos alimentando su ego personal, mientras se proclaman redentores de los males de nuestra sociedad. También causa sorpresa la incompetencia de alcaldes de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, que no asumen su función constitucional y se han dedicado, en medio de la crisis, a atacar al gobierno central, sin asumir sus responsabilidades frente al orden público.
Como si no fuera suficiente la destrucción de establecimientos comerciales, cuyos propietarios con mucho sacrificio comenzaban a reactivar su economía y a generar empleo, hoy estos comerciantes sufren el embate de los violentos. En contraste reconforta y genera optimismo la actitud cívica y valiente de muchos ciudadanos que el viernes madrugaron a limpiar y reconstruir los destrozos de las turbas vandálicas, o los que hacían un escudo humano para defender la integridad de los miembros de la fuerza pública.
Esto muestra que entre todos podemos construir un mejor país, sin colores políticos, con propuestas ciudadanas que permitan avanzar, robustecer nuestras instituciones. Se lo debemos a los cadetes de la Escuela General Santander, y a cientos de familias de policía que han entregado sus vidas defendiendo el orden y la democracia. Es una obligación de la sociedad con tantos padres viudas y huérfanos.