Nicolás Pérez
Senador de la República
Aunque las sesiones virtuales permitieron que el Congreso funcionara en medio de la pandemia más fuerte que ha vivido la humanidad en un siglo, es hora de ponerles un fin. La presencialidad es un elemento vital del ejercicio parlamentario que se debe recuperar cuanto antes, más aún cuando los avances en el plan de vacunación han permitido que la población de mayor riesgo de mortalidad ya esté inmunizada.
Hace poco más de un año, cuando el Gobierno decretó el confinamiento a nivel nacional, una de las grandes preguntas era saber qué iba a pasar con el Congreso. Una entidad que nunca había sesionado de forma remota y cuya normatividad no contemplaba la posibilidad de aprobar leyes por fuera del escenario presencial.
Los primeros meses, y con el temor natural de las investigaciones que nunca faltan, la Mesa Directiva del Senado decidió realizar exclusivamente debates de control político. Una medida acertada para supervisar los Decretos Legislativos que expidió el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica. Tiempo después, se empezaron a discutir proyectos de ley vía digital, situación en la que seguimos hasta ahora.
Sin embargo, debemos ser realistas. La virtualidad hace que el Congreso funcione a medias. Las intervenciones quedan limitadas a los pormenores técnicos de la plataforma y la intensidad del control político disminuye considerablemente. Aunque la tecnología ha permitido, inclusive, tener sesiones más largas, no es lo mismo tratar las problemáticas del País al frente de una pantalla que cuando se hace cara a cara entre legisladores y Ministros.
Además, las sesiones remotas han retrasado el ya de por sí lento trámite legislativo. Por ejemplo, mientras que una votación en el recinto del Senado, utilizando los computadores de las curules, tarda en promedio de 2 a 5 minutos, en la virtualidad, como toca llamar a lista uno por uno, ese tiempo se extiende a 11-15 minutos.
Como resultado, aceptar o negar cinco bloques de impedimentos, algo que normalmente se evacúa en 10 o 15 minutos, actualmente está tardando más de una hora. Tiempo precioso que se pierde en aspectos de forma y se deja de invertir en controlar la gestión del Gobierno o discutir iniciativas que el País necesita.
De hecho, con esta dinámica el número de proyectos que se aprueban cae notablemente y muchas propuestas legislativas se hunden por términos, con lo cual toca iniciar desde cero en la siguiente legislatura.
Debido a esta situación, es urgente que el Congreso retome las sesiones presenciales a partir del próximo 20 de julio, en especial, teniendo en cuenta los avances del plan de vacunación. A la fecha 14.4 millones de colombianos han sido inmunizados, de los cuales 4.4 millones ya recibieron la segunda dosis. Con los ritmos actuales cada tres días un millón de personas son vacunadas y la población mayor de 50 años, que concentraba el 89.1% de los fallecidos por Covid, ya recibió en su mayoría el antídoto.
Además, desde el 17 de junio inició la vacunación para las personas que tengan entre 45 y 49 años y será cuestión de semanas para que el proceso se extienda a los mayores de 40. En los próximos días 1.5 millones de vacunas llegarán a Colombia para que sean aplicadas por parte de los privados y el Gobierno Nacional ordenó a los funcionarios de la rama ejecutiva y a todos los colegios del País el retorno a la normalidad.
En otras palabras, no hay excusas para que no vuelva la presencialidad al Capitolio. De los 106 Senadores que integramos la Cámara Alta, tan solo 14 tienen 39 años o menos, lo que quiere decir que el 86.8% de la entidad ya fue vacunada o está próxima a vacunarse. Una realidad alentadora que no puede ser desconocida por una entidad que debe darle ejemplo al País.
Es tan relevante este aspecto que la misma discusión se está dando a nivel regional. Por ejemplo, mientras Argentina continúa en sesiones virtuales, en Chile ya le solicitaron al Gobierno que instale la Asamblea Constituyente de manera presencial en un lugar que permita cumplir con las reglas de aforo y distanciamiento y, por su parte, en Estados Unidos en la Cámara de Representantes se cuestionan si debe persistir el voto remoto más allá del 3 de julio, fecha en que expira la habilitación hecha hasta el momento.
Las sesiones virtuales sirvieron en su momento para no paralizar el funcionamiento de la rama legislativa, pero deben llegar a su fin. Colombia necesita de un Congreso fuerte que tenga la capacidad de controlar al Gobierno y discutir con vehemencia las principales problemáticas de la sociedad, para lo cual la presencialidad es un requisito indispensable.
Así como la economía clama a gritos una reapertura total tras un año devastador, la institucionalidad necesita de un Parlamento con dientes que logre ejercer un contrapeso al poder del marcado presidencialismo patrio.