Por: John Harold Suárez Vargas,
Senador de la República.
EL artículo 315 de la Constitución Política de Colombia indica (sic): “El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Letra muerta para muchos alcaldes del país como lo vimos en distintos municipios en el manejo a la violencia derivada del paro nacional: erráticos, timoratos, sin autoridad, evadiendo su responsabilidad constitucional en la toma de decisiones en defensa de los derechos humanos de la mayoría de los ciudadanos y en el peor de los casos, tolerantes ante el accionar delictivo de unas minorías.
Lo que ha pasado y sigue pasando en Cali es preocupante. Es increíble que solo hasta esta semana la Alcaldía instaurara denuncia penal a quienes destruyeron la red de semáforos de la ciudad, una práctica que se ha acentuado en diferentes calles para que desconocidos maltraten a los guardas de tránsito para ellos asumir el control vial a cambio de unas monedas. Una muestra más de la indolencia e ineptitud del Alcalde para hacer respetar las instituciones.
En Bogotá y Medellín la situación no es diferente. La alcaldesa, Claudia López, cada día protagoniza una discusión con la Policía o el Gobierno Nacional, mientras el alcalde Quintero insulta a todo aquel que ose criticar su mala gestión, llegando al extremo de llamar “pelagatos” a quienes lo abuchearon esta semana en el estadio Atanasio Girardot.
Hoy mientras la delincuencia se va empoderado de las calles, estos alcaldes, provenientes de los mismos partidos que quieren llegar al poder en 2022, son valientes en redes y medios de comunicación contra sus adversarios políticos, pero tibios en su lucha contra la inseguridad. El panorama en otros municipios no mejora, pues también alcaldes avalados por partidos tradicionales viven más preocupados de su imagen personal con grandes contratos en imagen, secundados por comités de aplausos encabezado por concejales, que aprueban endeudar a sus municipios sin exigir claridad sobre el destino de estos recursos, tal como sucede con el crédito de $650 mil millones en la ciudad de Cali.
No más ferias de vanidades y egos. Esta crisis de seguridad exige liderazgo y compromiso de los alcaldes para combatir la delincuencia y devolver la confianza a los ciudadanos. No más fotos de consejos de seguridad para las redes sociales; se requiere presencia permanente de los alcaldes en las comunas y calles de sus municipios día y noche, no solo en horarios de oficina.
Es necesario que los alcaldes adopten o fortalezcan los ‘Observatorios de Violencia’, estrategia que implementé como mandatario local y que consiste en el estudio, caracterización y diagnóstico permanente de las modalidades de delito en las ciudades, su geo referenciación y génesis, con el fin de hacer efectivas las políticas contra el delito, a la vez de la implementación de planes de choque donde la fuerza pública cuente con el permanente acompañamiento de las autoridades civiles en cabeza de los mismos alcaldes, los secretarios de gobierno o sus delegados y representantes del ministerio público las 24 horas del día.
Más acciones, menos discurso.
Finalizo esta columna reiterando el llamado al ministro de defensa, Diego Molano Aponte, y al comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Eduardo Zapateiro, donde indico que no es conveniente el traslado del batallón de alta montaña de Tuluá, pues esa eventual decisión pone en riesgo vidas e infraestructura por las acciones delictivas del bloque Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC, y demás organizaciones narcotraficantes y criminales. Los centrovallecaucanos nos unimos exigiendo que no se comprometa la seguridad con una decisión a todas luces errónea.