Nicolás Pérez
Senador de la República
No son horas fáciles para el País. Es evidente que el terrorismo urbano infiltró el legítimo y justificado malestar de la ciudadanía en contra de la reforma tributaria. Lo que inició como una manifestación frente a un proyecto inoportuno se transformó en una ola de violencia que debe parar. Y para ello, la acción de la Fuerza Pública es fundamental.
Mucho se ha hablado al respecto estos días. Las opiniones se dividen entre los que defendemos el ejercicio de la legítima autoridad del Estado y aquellos que pretenden aprovechar la coyuntura para proponer reformas a la Policía, la eliminación del Esmad o, peor aún, que la institucionalidad no intervenga para controlar los desmanes. Nada más peligroso.
Si damos un breve repaso por la historia, la principal razón por la cual se crearon los Estados fue la necesidad de garantizar la seguridad de los habitantes de un territorio. Es decir, para evitar que la gente se matara eternamente entre sí se concluyó que las personas debían ceder parte de su soberanía a un tercero que sería el responsable de mantener el orden.
Para lograr tal propósito, ese actor establece un marco normativo que todos acuerdan acatar, dentro del cual están incluidas las sanciones que acarrea su eventual incumplimiento. De hecho, es tan importante este aspecto que la efectividad de las leyes depende de ese elemento coercitivo.
Debido a esto, es que los Estados crean a las Fuerzas Militares y la Policía: instituciones dedicadas a proteger a los habitantes de amenazas externas e internas y garantizar el respeto al ordenamiento jurídico.
En este contexto, la Corte Constitucional ha sido clara al expresar que nuestra Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero en ningún momento acolita la violencia. Una cosa es expresar el inconformismo frente al actuar del Gobierno y otra muy distinta causar afectaciones ilegítimas a terceros.
Siendo esto así, ¿qué es lo lógico que debería suceder?
Muy sencillo: el Estado ha de ser respetuoso, tolerante y garantista de las marchas pacíficas. Las expresiones públicas en contra de la administración hacen parte de la esencia misma de la democracia y no tienen por qué ser afectadas en lo más mínimo.
Sin embargo, la cosa cambia cuando de las protestas se deriva la destrucción de la infraestructura de los servicios de transporte público de las ciudades, se queman los CAI con policías adentro, miles de empleos quedan en la cuerda floja tras las afectaciones al comercio y se expone al País a un riesgo de desabastecimiento por los bloqueos en las carreteras.
En esa situación, la respuesta de la institucionalidad debe ser una sola: ejercer su legítima autoridad para contrarrestar la violencia y restablecer el orden. Claramente en este aspecto no puede haber titubeos ni contemplaciones, en especial cuando la realidad es crítica.
Por ejemplo, nada más en Bogotá se estima que a raíz del vandalismo y los bloqueos el 35% de las empresas cerrarían temporalmente, el 48% reducirían costos, el 21% disminuirían sus nóminas y el 6% clausuraría definitivamente. Además, en el suroccidente del País ya se siente la escasez de combustible y en las principales plazas de mercado de las ciudades los precios de los alimentos se dispararon esta semana.
Afortunadamente, ya se están adelantando caravanas militarizadas para garantizar el tránsito de los camiones de carga y se ha desplegado al Esmad para eliminar todas las barricadas que persisten en las carreteras.
Lejos de caer en propuestas absurdas y peligrosas como el desarme de la Policía o despojar a los uniformados del fuero penal militar, en estos momentos debemos rodear a la Fuerza Pública y darles todas las herramientas para que cumplan con su deber.
Así no les guste a las ONG de derechos humanos que son indiferentes frente a los más de 700 uniformados heridos y solo buscan instaurar demandas contra el Estado para enriquecer sus patrimonios, a los valerosos soldados y policías de la Patria no podemos enviarlos como carne de cañón para que el terrorismo urbano los acribille, sino que debemos garantizarles todo el respaldo institucional y material para que puedan proteger a la población de manera efectiva sin exponerse a riesgos inmanejables.