Cali. Marzo 22 de 2020 (CD). El senador John Harold Suárez del partido Centro Democrático, a través de su cuenta de Twitter, le hace un llamado a Gobernadores y Alcaldes del país para que, ante la declaratoria nacional de la Emergencia Económica y Social, hagan uso de las herramientas jurídicas que les permitan sortear con prontitud las contingencias derivadas de la crisis ocasionada por el Covid-19.
Entre las estrategias, el congresista señala que los gobernantes deben declarar la calamidad pública en la Entidad a su cargo, con el fin de poder adoptar las medidas administrativas necesarias para afrontar la crisis, entre ellas, la de decretar la Urgencia Manifiesta, figura contemplada en el estatuto general de contratación pública, con la que las autoridades administrativas pueden contratar, de manera directa y sin trámites dilatorios, todos los elementos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades prioritarias de la población, con el fin de que se puedan materializar las ayudas, en especial las de carácter social que promuevan la prevención de la propagación del coronavirus.
Además, indica que se deben tener en la cuenta las recomendaciones dadas por la Contraloría General de la República, en las que insta a las autoridades locales a realizar las minutas de la contratación directa como medida de transparencia, para la contratación que se derive del decreto de urgencia manifiesta, como la compra de elementos de primera necesidad y alimentos para las poblaciones más vulnerables a atender.
Enfatizó en que “adicional al aislamiento, el Estado, con soluciones tangibles, debe tocar la puerta de las familias más vulnerables, en especial: adultos mayores, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar, habitantes de calle, trabajadoras sexuales y en general quienes no tengan acceso a la compra de alimentos».
El senador Suárez resalta que “en el marco de la calamidad pública los gobernantes pueden adoptar acciones que alivien económicamente las dificultades de los hogares, tales como prorrogar o postergar los plazos del calendario tributario de cada municipio y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.
“Con cada una de estas estrategias se busca la equidad, la solidaridad y en especial previenen en gran medida cualquier alteración del orden público y la seguridad ciudadana” Concluyó.