Por: John Harold Suárez Vargas,
Senador de la República.
La toma a la ciudad de Cali del pasado 28 abril por parte de la minga indígena del CRIC – Consejo Regional Indígena del Cauca – parece que no dejó enseñanzas al alcalde, Jorge Iván Ospina, quien en una actitud negligente les entregó el manejo de la ciudad renunciando a sus deberes como autoridad constitucional. Vimos a estas personas hacer retenes ilegales, restringir la libre circulación, portar todo tipo de armas, incluso drogas, infringir normas de tránsito, generando caos en la ciudad.
Ahora, a raíz del comunicado dirigido al Gobierno Nacional por parte de los habitantes de la comuna 22 de Cali exigiendo la protección a sus derechos amparados en la Constitución ante el anuncio de la llegada a la ciudad de la minga el próximo 10 de diciembre, la respuesta intimidante del consejero mayor del CRIC, Hermes Pete, no deja de ser preocupante.
Ya nada sorprende del Alcalde de Cali al señalar de racistas a quienes exigimos como ciudadanos a la primera autoridad de la ciudad cumplir la Constitución y las funciones para las que fue elegido. No señor Alcalde, no puede usted atizar la controversia acudiendo a discursos de un supuesto odio racial por preocuparnos por la defensa de las instituciones, los derechos humanos de todos y exigir el cumplimiento de sus deberes. Por las venas de los colombianos circula sangre indígena, de la que nos sentimos orgullosos. La discriminación la hace usted al priorizar los derechos de un sector por encima de los derechos de los demás ciudadanos.
Los colombianos sentimos respeto por los más dos millones de indígenas que hay en nuestro país. Todos sentimos admiración por los Tayrona de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Wayú en la Guajira, los Witotos en la Amazonía, y hacia las demás comunidades indígenas.
El CRIC, entidad pública de carácter especial que recibe más de $35 mil millones anuales de nuestros impuestos por transferencias del Gobierno, cuya destinación no conocemos los colombianos pues no presentan informes ante los entes de control, no representa a la totalidad de los cabildos indígenas del país, y sin embargo se han tomado la vocería, y en diversas ocasiones han desestimado a los grupos que no están de acuerdo con sus acciones. Los colombianos tenemos el derecho a saber el origen de los recursos para la financiación de la logística de las movilizaciones y sus aliados políticos. ¿Lo hacen con recursos públicos?
Las comunidades indígenas tienen 28.9 millones de hectáreas en sus resguardos, es decir el 25.3% del territorio nacional y en el departamento del Cauca son dueños de 1.3 millones de hectáreas, de las 2.9 millones que tiene el departamento. Estas tierras tienen condiciones distintas a las de cualquier otro terreno, puesto que no pueden incluirse en los planes de desarrollo agropecuario de las regiones, ni pagan impuestos, al igual que cualquier colombiano reconocido como indígena.
Hay cientos de denuncias de comunidades indígenas del Cauca sobre presiones para hacer parte del CRIC; existen testimonios sobre discriminación e intimidación a quienes se han negado, bloqueando los recursos económicos del Estado para el desarrollo de sus comunidades, y en algunos casos, obligándolos a la siembra de cultivos ilícitos, hechos que deben ser investigados de fondo.
Cali aún no termina de recuperarse de los daños y perjuicios del paro anterior, y no podemos permitir que comience a agonizar por la inacción o complicidad de los que buscan llegar al poder promoviendo el odio entre hermanos, que somos todos de la misma patria.