Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
Los derechos fundamentales de los niños y niñas están garantizados en nuestra constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados de derechos humanos, pero a pesar de ese marco legal, todos los días los medios de comunicación dan cuenta de algún acto criminal en cualquier lugar de mundo, donde las víctimas son ellos.
Se estima que, en el último año, hasta 1.000 millones de niños y niñas entre 2 y 17 años en todo el mundo, fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono[i]. Los homicidios constituyen una de las tres principales causas de muerte en adolescentes. Algunas de las cifras reveladas por Unicef en su estudio “Plena Luz”, nos muestran una cruda realidad a nivel mundial:
- 6 de cada 10 niños y niñas entre 2 y 14 años, sufren castigos corporales por parte de sus cuidadores y 1 de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años, es agredido física o emocionalmente por sus compañeros.
- 1 de cada 10 niñas es agredida sexualmente.
Adicionalmente, se presentan el abandono, tráfico de niños y niñas para adopciones, comercio de órganos, esclavitud, pornografía, explotación para la mendicidad, expendio de drogas, reclutamiento forzado por grupos ilegales, racismo y xenofobia, entre otras acciones delictivas.
Nuestro país no está exento de la situación, y a ello, se suman casos como las muertes por desnutrición infantil en departamentos supuestamente robustos financieramente. Ejemplos como el de un bebé de 9 meses hospitalizado con sobredosis de cannabis en Palmira, reflejan la descomposición social a la que hemos llegado.
No podemos negar que existen casos aislados que involucran a miembros de instituciones del Estado en delitos contra la niñez, como fue de conocimiento público en los últimos días. Esperamos que la justicia actúe y condene a los culpables. Sin embargo, es lamentable que algunos sectores políticos, aprovechen estos sucesos con oportunismo electoral y mediático, en un intento por debilitar la imagen de las instituciones y la confianza que en ellas tienen los ciudadanos.
Si un docente, un militar, un sacerdote o un periodista, o algún otro profesional, es encontrado culpable de delitos contra la niñez, o cualquier otra violación a la ley, no es ético afirmar que las instituciones que ellos representan sean las responsables de estas acciones, ni mucho menos decir que en las mismas se adoctrina para cometer tales crímenes.
Otro de los flagelos que ataca a nuestra población infantil es la malnutrición. Ante ello, el Estado y el sector privado tienen la responsabilidad de aunar esfuerzos, y fortalecer programas como los “Planes Padrino” que buscan combatir el hambre en los primeros 1.000 días de vida, garantizando un mejor desarrollo físico y cerebral, mejorando así el rendimiento escolar y asegurándoles un futuro más competitivo.
Es responsabilidad de todos proteger a nuestros niños y niñas de cualquier forma de violencia física o mental, y garantizar su derecho a una vida y trato dignos, a una alimentación y desarrollo de calidad, brindándoles herramientas que les permitan forjar su futuro como ciudadanos de bien.
[i] Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Pediatrics 2016; 137(3): e20154079.