Alejandro Corrales Escobar
Senador Cafetero
Esta semana fuimos testigos de un grave atropello contra los colombianos víctimas de las FARC por parte de la Justicia Especial para la Paz – JEP, el atentado perpetrado por alias “Mata Hari” a la Escuela Superior de Guerra en el año 2006 fue absuelto, y a los civiles y militares que resultaron heridos les retiraron su calidad de víctimas.
Como si eso fuera poco, a los aproximadamente 20.000 secuestrados de dicho grupo terrorista, hoy la JEP los llama simplemente retenidos, desconociendo que la ley es clara al tipificar ese delito como secuestro, y es considerado por el Derecho Internacional Humanitario como tal.
Esto no es nada nuevo, las polémicas decisiones de la JEP han sorprendido desde su negativa frente a la extradición de alias “Jesús Santrich” por delitos de narcotráfico posteriores a la firma del “Acuerdo de la Habana” en diciembre de 2016, incurriendo en un claro incumpliendo a los acuerdos de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, hasta la tardía decisión de expulsar a Iván Márquez, Romaña y El Paisa de esta jurisdicción, luego de huir de las zonas veredales transitorias.
En el tiempo que lleva la JEP funcionando se han realizado 82 audiencias, 429 versiones voluntarias y 0 condenas contra miembros de la guerrilla de las FARC.
No siendo suficiente con lo anterior, es increíble como después de 3 años de firmado el Acuerdo, las FARC no hayan entregado por completo sus bienes, ni hayan reparado a las víctimas. Hoy, algunos de sus cabecillas ya regresaron a la ilegalidad, y los congresistas del nuevo partido político que transitan serenamente por los pasillos del Congreso, no se han hecho responsables por las disidencias de sus militantes. Aún así, tienen el descaro de hablar de incumplimiento por parte del Gobierno Nacional.
Precisamente el anterior Gobierno quien fue tan permisivo en los Acuerdos de la Habana y entregó curules sin votación a guerrilleros en proceso de investigación, además de varios beneficios como delitos excarcelables y sistemas de justicia a la medida, hoy no se responsabiliza por la carga que dejó, luego de ir en contra de la decisión popular. Para nadie es un secreto que el NO ganó el plebiscito del 2016 dejando en claro la posición democrática de Colombia, posición ignorada, irrespetada y abiertamente suplantada.
Hoy 2 años después de la creación de la JEP siguen las injusticias, el abuso y el ataque contra nuestra fuerza pública que durante 50 años de conflicto dio su vida por la tranquilidad de todos nosotros.
Como dato adicional y para hacernos una idea del negocio de la paz, este tribunal tiene un presupuesto para 2020 de 316 mil millones de pesos, mientras que el Ministerio de Justicia y Derecho tiene un presupuesto asignado de 112 mil millones, una diferencia de 204 mil millones. (ley 2008, 2019)
Urge analizar el papel de la JEP en el ejercicio de la justicia, sus fallos en perjuicio de las víctimas y de la fuerza pública, su costoso funcionamiento y más que nada, su objetivo real, que hasta ahora parece ser la impunidad. Por todo esto mi pregunta es ¿A quién defiende la JEP?