Por:
John Harold Suárez Vargas
Senador de la República

Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo por cuenta del COVID-19, recientemente catalogado como una pandemia por la OMS, es necesario revisar concretamente el caso de nuestro país, donde las autoridades sanitarias a la fecha reportan un total de 26 casos diagnosticados, abordando dos tipos de problemáticas concretas: i) la relacionada con la salud pública, y ii) la relacionada con el impacto negativo que en la economía mundial y local va dejar como consecuencia la actual emergencia sanitaria.
Mucho se ha dicho por parte de las autoridades de salud nacionales y extranjeras en torno a las características del virus, los protocolos y cuidados que han de tenerse por parte de la población, así como de las decisiones políticas que han de adoptar los gobiernos que van desde la limitación de concentraciones públicas como el caso actual de nuestro país, hasta el decreto de estado de cuarentena para toda la ciudad como en provincias de España e Italia.
Ahora bien, en torno al tema económico no cabe duda que estamos en una crisis generalizada en la que en primer lugar las monedas de América Latina han sufrido una devaluación significativa, al tiempo que el precio del barril de petróleo ha tenido una ostensible disminución en su valor, tema que no es atribuible al Gobierno colombiano, pues se trata de una crisis global.
Por otro lado, el panorama para muchos sectores económicos el panorama es desalentador, pues aunado al tema de la devaluación de la moneda, volatilidad de los mercados bursátiles, se evidencia para el mundo una dependencia industrial de Asia, lo que deriva en la escases de elementos importados, la caída del turismo y de la organización de eventos masivos y en general un pánico, que conlleva a que nuestros empresarios puedan padecer una etapa crítica, por lo cual el sector financiero ha de adoptar herramientas que permitan flexibilizar las obligaciones para la superación de este impase.
Como consecuencia de la escasez de algunos elementos médicos de alto consumo por estas fechas tales como los “tapabocas”, mismos que fueron declarados por el Invima, como elementos no disponibles en el país, generan una gran especulación de su costo, comercializándose hoy en el mercado nacional hasta por el 700% de su valor comercial.
Frente a este panorama para el cual el mundo no estaba preparado, hay varios planteamientos que los gobiernos, sin dejar de lado lo relativo a la salud pública como tema prioritario, deben abordar de carácter urgente, dentro de su agenda tales como la adopción de medidas conducentes a mitigar el impacto económico negativo que traerá como consecuencia la crisis global que esta emergencia sanitaria ha generado.

Flexibilidad para pagos de impuestos, campañas de promoción del turismo nacional para el segundo semestre entre otras, pueden aliviar de alguna forma el bolsillo de quienes ahora por la crisis ya se enfrentan sin empleo y sin ingresos. Se trata de fortalecer la cultura de la solidaridad, de la cual el gobierno debe ser el más consciente que es lo que esperan todos los sectores económicos del país.