La pandemia no solo desató la emergencia económica y social, sino que hizo más visibles algunas problemáticas, entre ellas, la grave situación de hacinamiento carcelario que alcanza el 46,6% en nuestro país. Sin duda alguna, la combinación de virus y apilamiento de presos es una bomba de tiempo que debe ser contenida para evitar que afecte a las 118.070 personas privadas de la libertad que hay en los 132 penales del país.
En Colombia la cárcel es espacio propicio para que se propague el Covid-19, no solo por la precariedad de la infraestructura, condiciones de higiene y salubridad de la gran mayoría de ellas, sino por la sobrepoblación de 36.067 personas; cuando el sistema carcelario nacional solo cuenta con capacidad para albergar 80.928 reclusos, y hay hoy 108.888 hombres y 8.107 mujeres.
El panorama es alarmante. El caso más grave ocurre en la cárcel de Villavicencio, donde según el Inpec la cifra de contagiados es de 679 entre reclusos, guardias y personal administrativo; una hecatombe si se tiene en cuenta que allí el hacinamiento es del 97%, dado que tiene capacidad para 873 reclusos, y en la actualidad hay 1.773. Sin duda la población carcelaria es una prioridad atender para mitigar el riesgo de contagio.
Consciente de la urgencia de la situación de este penal, el gobierno nacional ordenó practicar la prueba del Covid-19 a la totalidad de los reclusos, así como la adaptación y disposición de un ala de la cárcel para aislar a los presos que no estén contagiados y corran mayor riesgo de contraer el virus. Como resultado, el Inpec ha practicado 1.379 pruebas, de las cuales 629 dieron positivo y 228 más negativas. Está pendiente el resultado de otras 522.
Para el caso de otros ERON (Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional) como La Picota en Bogotá, el número de pruebas realizadas es de 1.175, de las cuales 7 salieron positivas y 1104 negativas. Mientras que para Las Heliconias (Florencia, Caquetá), se han realizado 41 pruebas, y 1 salió positiva, 21 negativas.
Aunque con demora, el Inpec ha entregado distintos suministros de protección a los internos, entre ellos: tapabocas quirúrgicos (55.452), tapabocas N95 (20.434), guantes (49.982), gel antibacterial (45.337 litros), alcohol antiséptico (3.580 litros) e hipoclorito de sodio (3.160 litros), entre otros. Adicionalmente han implementado medidas como la desinfección y limpieza diaria de objetos personales, zonas comunes y establecimiento carcelario, suspender las visitas externas y adecuación de espacios temporales de aislamiento para casos de posible contagio, entre otros. Para todas estas acciones de prevención del contagio y atención de sus efectos en el sistema carcelario, el Ministerio de Justicia destinó $25.431 millones, distribuidos entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) con $20.371 millones y el Inpec con $5.060 millones.
Las medidas adoptadas eran urgentes, pero lo es más decretar la emergencia carcelaria. Los derechos de los reclusos, para evitar el contagio y recibir atención en salud si tienen el virus, hay que garantizarlos.
La expedición del decreto de emergencia para la excarcelación de cerca de cuatro mil reclusos, para reducir la población carcelaria y sacar de los penales a la población más vulnerable al Covid-19, y que no cobija a personas condenadas por delitos graves, sexuales, de lesa humanidad, relaciones con narcotráfico, grupos delincuenciales o acogidos a algún régimen de justicia transicional, era necesario. Pero preocupa la lentitud de su puesta en marcha. No más del 10% de los posibles beneficiarios han salido de las cárceles.
Tristemente la problemática de hacinamiento carcelario no solo toca a Colombia, sino a 125 países, según el Informe Mundial de Prisiones y el Instituto de Política Criminal de la Universidad de Londrés. El anterior gobierno lamentablemente fue insensible, en sus ocho años, a esa realidad de tener condiciones dignas para los presos en sus sitios de reclusión. Sólo una cárcel, la de El Espinal (Tolima) tuvo obras de ampliación del cupo de internos, y esto solo al final de ese gobierno. Fue en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe cuando se impulsaron complejos carcelarios de tercera generación en Jamundí (Valle del Cauca), Pedregal (Medellín), Heliconias (Florencia), la Picotá (Bogotá), Yopal y Cúcuta.
Pero el presidente Iván Duque no por la pandemia, sino por lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ha previsto la construcción de 5.000 nuevos cupos carcelarios y penitenciarios, 3.400 de ellos se espera estén listos este año. Lo cierto es que apremian las medidas de prevención y atención a reclusos, y la excarcelación contemplada en el decreto de emergencia.
María del Rosario Guerra
@Charoguerra