Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
No todos los jóvenes son vándalos; no todos los jóvenes hacen bloqueos; no todos los jóvenes protestan en las calles; no todos los jóvenes son de izquierda; no todos los jóvenes celebran la quema de policías, destrucción de bienes públicos y privados; no todos los jóvenes utilizan barrios como trincheras. Por el contrario, la mayoría de los jóvenes, sin distingos políticos y sociales, desde sus casas, lugares de trabajo o estudio, han alzado sus voces de reclamo ante una histórica deuda social contraída por el Estado, agravada por la pandemia, en la cual toda la clase dirigente, pública y privada, tenemos un grado de responsabilidad.
En esta crisis es positivo apreciar el surgimiento de nuevos liderazgos, jóvenes alejados de protagonismos ideológicos, quienes, de una manera clara, propositiva y objetiva quieren un mejor presente y construir un futuro con esperanzas.
El derecho a la protesta pacífica no pude seguir siendo aprovechado por políticos oportunistas y grupos al margen de la ley amigos de la dictadura del caos y la anarquía, siguiendo el libreto del Foro de Sao Paulo, convirtiendo a ciudades como Cali en el nuevo Caguán. A muchos de estos políticos incendiarios les ha faltado gallardía para reconocer que la situación sería más grave si el Gobierno Nacional no hubiera implementado nuevos programas sociales como el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) que ha logrado proteger el empleo de cuatro millones de familias; 7.2 billones de pesos transferidos en Ingreso Solidario, devolución del IVA y fortalecer Familias y Jóvenes en Acción entre otros, a pesar de las limitaciones económicas de nuestro país. Es claro que los recursos no son suficientes y las necesidades son muchas y deben realizarse acciones concretas para su financiación, luchando contra la corrupción, ajustando el gasto burocrático y el derroche del Estado en todas las ramas del poder, tanto regional como a nivel nacional, para lo cual hemos propuesto inicialmente la reducción de miembros del Congreso de la República y sus salarios en un 50%, incluyendo a diputados y concejales.
Los jóvenes protestan por un servicio ágil de salud y no acudir a tutelas para defender sus derechos; acceso a educación de calidad y oportunidades de empleo formal, sin exigencia de experiencia a quienes acaban de terminar sus estudios.
Alcaldes y Gobernadores asuman el liderazgo para el cual fueron elegidos. No más pasos dubitativos y timoratos, se requieren acciones concretas, soluciones y no continuar evadiendo su responsabilidad escudándose en el Gobierno Nacional, ustedes son la máxima autoridad en sus regiones y deben actuar como tal.
Por más de un año he insistido en la necesidad de reformar los planes de desarrollo departamentales y municipales para liberar recursos y dirigirlos a un plan de choque para atenderlas problemáticas sociales hasta donde los presupuestos lo permitan; créditos en curso y futuros, deben ir en igual sentido, fortaleciendo programas de empleo temporales para jóvenes entre 18 y 25 años y en ampliar fondos de capital semilla para emprendimientos y ayudas a los empresarios.Aún están a tiempo de reivindicarse con sus comunidades, pero si no se creen capaces de afrontar esta crisis, es preferible una muestra de gallardía y dar un paso al costado, antes que la ciudadanía los revoque.