Claudicación impune.

A pocos días de finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, produce una enorme inquietud saber que la Comisión de la Verdad, creada en el marco del acuerdo de paz, exige al Ministerio de Defensa la entrega de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de todas las Fuerzas Armadas, desde 1953 hasta la fecha.

Resulta increíble que después de años de combatir el terrorismo disfrazado de revolucionario -de acorralar a las Farc, de convertir al ELN en un grupo arrinconado, de tener al EPL prácticamente extinguido-, ahora se juegue con la supervivencia del Estado.

Miles de hombres que dieron sus vidas por la libertad que aún hoy conservamos -a pesar de los problemas-, montones de héroes anónimos, torturados y desaparecidos, son enterrados en el fango más oscuro de los rincones del olvido. Otros, los que sobrevivieron al enfrentar la barbarie, son dibujados como responsables de culpas inexistentes, elaboradas con filigrana para apabullarlos moralmente.

En Colombia, pensándose vencedores,  con cínico descaro y bajo el paraguas del acuerdo, se engendró una institución que ni siquiera tiene la estatura moral de considerar a las víctimas de las Farc dentro de la composición de sus miembros.

El resultado, un organismo sin garantía de imparcialidad, una burla más a las víctimas y la punta de lanza a la re-edición de la “verdad”, como la desean los comunistas agazapados.

Ninguno de sus integrantes representa garantía de imparcialidad y el primero, más no el único, que debería renunciar, es el cura jesuita marxista  Francisco De Roux, que con la habilidad que caracteriza a los comunistas de sotana, no duda en usar su posición para ahorcar a la fuerza pública y de paso, recibe el respaldo de Santos, que ordena en un acto descarado de traición a la patria, la inminente entrega de información reservada del Estado.

El cura Francisco De Roux tiene que dar cuenta al país de los miles de millones dilapidados en su Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en donde no existe hoy ninguna experiencia exitosa en mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. De esto y mucho más esperamos respuesta.

La Comisión de la Verdad es tristemente una mala copia de procesos de paz de otros países y tal vez la versión más aproximada es la de Perú, en donde la descripción real del organismo creado para “conocer la verdad, establecer las causas de la violencia terrorista y fomentar la reconciliación”, fue aplicada casi con exactitud en Colombia.

En Perú, también fueron seleccionados comisionados arbitrariamente, hubo equiparación injusta de quienes combatieron el terrorismo con los que atentaron contra los derechos humanos de toda la sociedad,  injuriaron a autoridades civiles, militares y de policía -asignándoles una vergonzosa culpa-, omitieron las raices ideológicas del terrorismo genocida, elevaron la delincuencia a status político y difundieron toda clase de mentiras amparados en el contexto de la lucha armada. Al menos, allá sometieron a Sendero Luminoso. Acá, que premiamos a los bandidos con impunidad y escaños en el Congreso, terminaremos peor.

La verdad, como vemos, estará ausente siempre en todos los pronunciamientos, procedimientos, decisiones y actuaciones de este “conveniente” organismo. Las víctimas serán moldeadas a la medida de los intereses de los anarquistas, que dedicarán estos cuatro años a incendiar el país en nombre de la “paz” y a señalar de enemigos a todos los que intenten enderezar el rumbo.

Esto es, sin duda, una claudicación impune.