Bogotá, 15 de octubre de 2020 (CD). El proyecto de Ley del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentado por la bancada del Centro Democrático, busca que los niños no se queden sin alimentación debido a problemas en la contratación o en la financiación por algunos períodos del año.
Esta iniciativa legislativa, pretende que el Gobierno Nacional, los departamentos y municipios, aseguren la disponibilidad de recursos por periodos de por lo menos dos años consecutivos del calendario escolar y gestionar la planeación y administración de los contratos y convenios para el efecto, con la posibilidad de extenderlos por un año adicional, a fin de garantizar la operación oportuna y permanente del programa.
Con esta propuesta se espera superar las actuales dificultades que presenta el PAE, en relación con los contratos para la operación del programa, los cuales son celebrados por periodos cortos de tiempo, con interrupciones en la prestación del servicio y muchas veces con recursos insuficientes, lo que dificulta su ejecución permanente.
“El 32% de las regiones del país iniciaron este año sin PAE por problemas de contratación. En marzo de este año, en Neiva, 38.000 niños no contaron con alimentación escolar durante 2 semanas; la Alcaldía de Cali contrató en febrero de 2020 el PAE solo por 36 días; en Ibagué, a principios del año, 36.000 estudiantes resultaron afectados por fallas en la contratación; y en Sucre se presentaron denuncias por retraso en la implementación del programa”, explica la senadora Ruby Chagüi, una de las impulsoras del Proyecto de Ley para el mejoramiento del programa.
El objetivo de la iniciativa del expresidente Uribe y el Centro Democrático, es evitar esos lamentables baches en la operación el programa, procurando un aumento anual del valor del aporte al programa, tanto del Gobierno Nacional como de las entidades territoriales, vigencia tras vigencia.
Actualmente, el PAE atiende a más de 5 millones 700 mil estudiantes en todo el territorio nacional. Para el 2021 se tiene prevista una cobertura de 6 millones 469 mil estudiantes y para el 2022 una población beneficiaria de 7 millones, por lo que es necesario garantizar mucho más de los $2.4 billones de pesos (provenientes del Presupuesto General Nación, regalías, recursos entidades territoriales) que se designaron en el 2019.