¿7 veces qué?

Por: José Yesid Guinand Calderón
Concejal de El Socorro Santander por el Centro Democrático.
 
He hecho varias críticas sobre la manera como asumimos la democracia en nuestro país, y sobre todo mi generación, a la que la clase política ha identificado como influenciable y fácil de convencer, usando como herramienta la tecnología y el sensacionalismo.
 
Esas críticas surgen en cada proceso electoral y el que se realizará este 26 de agosto no es la excepción; en este, los colombianos tenemos que decidir si participar o no y, de participar, qué opciones preferir.
 
Lo primero que debo decir es que apoyar decididamente la consulta, votar sus puntos a favor o en contra, o simplemente no votar, no convierte a nadie en corrupto ni en pulcro, según el caso. Debo decir, además, que aunque ostente este nombre, no necesariamente esta consulta es anticorrupción. La RAE define “corrupción” como “lapráctica consistente en la utilización de las funciones y medios públicos en provecho económico o de otra índole de sus gestores”. Y la mayoría de los puntos de la consulta no compromete hechos de corrupción.
 
La discusión de dicha consulta debe centrarse, desde mi percepción, en dos tesis principales. La primera es la social, que se refiere al manejo que debería dársele al sensible tema de la corrupción y la forma de castigarlo. La segunda de ellas, y más relevante, tiene que ver con el tema jurídico, por cuanto este, finalmente, le dará o no sentido al gasto de, según el Registrador Nacional, 250.000 millones de pesos (suma que le costará al país este proceso). Pero cualquiera de las dos, en todo caso, debe llevarnos a cuestionarnos sobre los alcances que tendrá el hecho.
 
Cuando hablo de la primera, identifico la misma preocupación que izquierda, centro y derecha han expresado con desconcierto en sus discursos desde que existe la administración de recursos públicos: la despreciable corrupción. La misma que golpea a todo el país, sin importar clase social, raza, religión o ideología. Sin duda, nos afecta a todos con la misma fuerza, razón por la cual culpamos a la clase política de todos nuestros males.
 
Cuando hablo de la segunda, me refiero a lo útil y constitucional que sea una consulta en la que 5 de los 7 puntos ya existen en la legislación vigente (tan solo es cuestión de implementación), y los 2 restantes deberían ser los que los colombianos, en sufragio, decidamos.
 
Antes de entrar en materia es importante mencionar que la Ley Estatutaria 134 de 1994, regla los mecanismos de participación ciudadana y establece que “no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de la Constitución Política”. Aun así expongo a ustedes mi análisis sobre los 7 puntos que nos convoca a votar esta consulta popular:
 
Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. Esta es la más atractiva, sobre todo, para las clases sociales más bajas, que se sienten en desventaja con el hecho de que un congresista tenga altos salarios.
Como primera consideración, y nadie me puede contradecir, creo que bajarles el salario a los congresistas no es una medida anticorrupción porque lo están recibiendo de manera lícita. Esta iniciativa, además, aleja a los más idóneos de aspirar a cargos de elección popular: según la revista Dinero, el salario actual de un congresista es tan solo el 64 % de un alto ejecutivo del sector privado, lo que indica que para ningún congresista bien preparado es rentable; así que vamos a incentivar un Congreso sin preparación académica. Y para finalizar, manteniendo las proporciones, esto es como si usted ofreciera sus servicios como profesional o empírico en un arte u oficio y yo le pusiera precio a su trabajo. También se asume que este es uno de los oficios más prestigiosos en el sector público y de los que mayor responsabilidad fiscal tiene. Pero seamos sensatos, la corrupción empieza por los electores.
 
Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Esta es perfecta, todos estamos de acuerdo, pero me genera dudas sobre si con esto los impulsores de la consulta quieren atribuirse algo que a alguien ya se le ocurrió antes y existe en el artículo 13 de la Ley 1474 del 2011, que reza lo siguiente:
 
“No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.
Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional”.
 
 
Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Esta también existe en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se refiere a la obligación de utilizar pliegos tipo en licitaciones.
 
Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. La rendición de cuentas también existe ya: es un acto obligatorio para todos los servidores públicos, según el Código Disciplinario y el documento Conpes 3645. Además, la misma Corte Constitucional y la Ley 1757 del 2015 señalan que las consultas no podrán decidir sobre temas presupuestales. De llevar esta propuesta a extremos, se atentaría contra la autonomía de inversión y priorización de los ejecutivos en los municipios, departamentos y en la Nación.
 
Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Hacer rendición de cuentas, de nuevo, ya existe. El parágrafo 2 del artículo 14 de la Ley 1147 de 2007 obliga a los congresistas a rendir cuentas sobre sus funciones legislativas. Lo que falta es mayor interés de los ciudadanos en fiscalizar la gestión de sus dignos representantes.
 
Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. En esta no me aguantaré más las ganas de decirlo: es extremadamente populista, y ya existe. Recuerdo muy bien que un día, antes de posesionarme en mi cargo como concejal de mi municipio, tuve que presentar, de manos de mi contadora de confianza, la declaración de rentas, bienes y cuentas bancarias de mi propiedad; de lo contrario, no habría podido posesionarme. Para todos los funcionarios y servidores públicos es obligatorio hacerlo anualmente, según el artículo 13 de la Ley 190 de 1995, impulsada por el actual Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
 
Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas. En esta estoy muy de acuerdo, de hecho ya fue presentada como proyecto de ley y está en discusión. Pero, este punto viola abruptamente el derecho a elegir y ser elegido; adicionalmente, para su implementación habría que reformar la Constitución a través de un acto legislativo, y esto es función del Congreso de la República; o sea que así pase el umbral, esta corporación debe aprobarlo. Además, así como nos libraría de un político corrupto, nos quitaría la posibilidad de mantener uno que cumpla sus funciones con transparencia. Pero para ir más allá, si la intención de esta consulta fuera reducir costos al Estado, no funcionaría: los congresistas de alta edad con su ausencia, darían oportunidad a nuevas pensiones y esto acarrearía más pensionados a cargo del Estado.
 
Entonces, para no entrar en controversias, no voy a sugerir que voten o se abstengan. La iniciativa de la consulta popular la apoyaré siempre como mecanismo de participación ciudadana y presión social en ciertos temas. Pero, lo que sí haré es cuestionarlos sobre la necesidad de hacer preguntas que ya tienen respuesta y que, considero, malgastarán dineros públicos, pudiendo haber presentado un proyecto de ley similar a los que ya presentó el Presidente de la República, y que cuentan, por cierto, con mayores intenciones de forma y fondo.
 
Independientemente de que usted esté de acuerdo o no con mi análisis, tenga presente que la mayoría de estos puntos ya existen y que hay mejores maneras de combatir la corrupción, como, por ejemplo, cambiar nuestro sistema electoral y permitir solamente el voto no preferente (listas cerradas), o reducir el tamaño del Congreso a la mitad, de tal suerte que si usted cree que todos ellos son unos corruptos, la mejor opción es que no sean tantos.