@PaolaHolguin

Son tantas y tan graves las preocupaciones de los colombianos, y la avalancha de escándalos de la campaña y el Gobierno Petro, que pocos recuerdan a la exministra Irene Vélez en el Congreso Nacional de Minería 2022, hablando del decrecimiento económico como solución al cambio climático, o el anuncio un par de meses después, en el Foro Económico Mundial, sobre la suspensión de contratos de exploración y explotación de gas y petróleo, o las denuncias sobre irregularidades en el informe de reservas de petróleo y gas de la exviceministra de energía, Belizza Ruíz.

Lo que sí recordamos -por bochornoso- es a Petro comparando la peligrosidad de la cocaína con el carbón y el petróleo, en su discurso ante la ONU, y el empeño de su Gobierno por hacernos depender energéticamente de Venezuela; país que, según el informe publicado en julio de 2023 por el New York Times, tiene una decadente industria petrolera que causa estragos al medio ambiente por casos como la quema incontrolada de yacimientos de petróleo y gas; y que de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía, citado por dicho medio, pese a producir menos que antes, es el tercer país en el mundo en emisiones de metano por barril de petróleo producido.

Adicionalmente, la destrucción del Lago de Maracaibo es irreparable a causa de las filtraciones de petróleo de los oleoductos submarinos en estado de abandono, y la contaminación por oxidación de maquinaria sumergida en sus aguas aceitosas color verde neón. Al desastre ecológico, se suma el social; la ciudad de Cabimas, aledaña al lago, antes próspera y pujante, ahora se hunde en el abandono y la pobreza extrema.

Pese a que, según un reciente informe de la ONU, Venezuela es reconocida en la actualidad como uno de los productores de petróleo y gas más sucios del mundo, Petro ha promovido la integración energética con ese país, lo que resulta contradictorio con su discurso verde y con su intención de contribuir con la solución del cambio climático haciendo decrecer la industria extractiva nacional.

La idea de importar gas desde Venezuela en 2025, contrasta con la realidad de un gasoducto que está en desuso desde 2015, cuando el vecino decidió no cumplir el acuerdo de enviar gas, después de recibir el nuestro desde 2007; o peor aún, cuando desde 2020, los venezolanos se han visto abocados a usar leña para cocinar, debido, entre otras causas, a la disminución de la producción, a fallas en el sistema de transporte y a que la tercera parte de las plantas de llenado de bombonas o cilindros está fuera de servicio.

Nos preguntamos: ¿Por qué perder nuestra suficiencia y soberanía energética con una industria que arrastra una crisis estructural como la venezolana? ¿Cómo garantizará el Gobierno Petro el suministro de gas a los millones de colombianos que hoy disfrutan de un producto de alta calidad, a bajo precio, si la industria venezolana no suple ni siquiera la demanda interna? ¿Por qué acabar la exploración y explotación de gas, que es un energético clave para la transición? De nuevo, la ideología por encima de la razón y el interés nacional.