A la plenaria del Senado de la República llegó para consideración en segundo debate -de los cuatro que debe surtir-, la reforma pensional de Petro (Proyecto de Ley 293 de 2023), que amenaza con desencadenar otra crisis de enormes proporciones, afectando no solo a los Fondos Privados que administran el ahorro de miles de colombianos que han aportado para el aseguramiento de su vejez, sino la aspiración legítima de todos los trabajadores que buscan tener un ingreso en el ocaso de sus vidas.
Aunque en el centro de la controversia nacional ha estado la reforma a la salud, lo cierto es que este otro proyecto representa un riesgo no menos grave para el país, por varias razones:
1. Barrerá con el ahorro de los colombianos y presionará aún más la economía nacional. Se estima que en Colombia, alrededor de 25,8 millones de personas aportan para su vejez, de las cuales cerca de 19 millones tienen sus ahorros en los Fondos Privados, es decir: siete de cada diez afiliados del sistema pensional. El monto total de este ahorro ronda los $381,5 billones, por lo que se ha convertido en una bolsa de recursos muy atractiva para Petro, quien desde el inicio de su gobierno ha dado evidentes muestras de su intención de meterle mano a ese dinero que pertenece a millones de colombianos.
Petro proyecta una modificación en la afiliación de modo que quienes coticen hasta tres salarios mínimos (en la actualidad $3.900.000), serán trasladados automáticamente o aportarán al fondo público, con lo que se asegura un importante flujo de caja que utilizarán para cubrir pasivos pensionales de COLPENSIONES o para infraestructura, como hace un año lo reconoció el presidente de dicha entidad Jaime Dussán. De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), esta sola medida terminará aumentando exponencialmente el pasivo pensional del país, que aumentaría a 194% del PIB (hoy se calcula en 110%).
En lo que se podría llamar una ‘expropiación forzosa’, este cambio por sí solo conllevará a la pérdida de la libertad que tienen los colombianos para escoger entre el fondo público y los privados para hacer sus aportes. Una afectación irreparable del rol de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en el mercado de capitales y la formación del ahorro nacional, suponiendo un grave riesgo a la estabilidad macroeconómica.
2. Expropiará el ahorro de los fallecidos. Actualmente, el régimen que regula la administración del dinero aportado a los AFP prevé la posibilidad de que familiares hasta el quinto grado de consanguinidad (tíos, primos, sobrinos) puedan heredar el saldo del ahorro pensional o la pensión, en caso de ausencia de otros beneficiarios de la ley.
La reforma terminará por ‘expropiar’ estos haberes a favor del Estado, en caso de que no existan beneficiarios para que accedan a una pensión de sobrevivientes (cónyuge, hijos).
3. Una reforma impagable. Según expuso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en la Comisión Tercera del Senado, el pasado 20 de febrero, existe gran preocupación sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional a mediano y largo plazo. Solo el costo del denominado ‘pilar solidario’, con el que se busca garantizar una renta básica a 2,5 millones de mayores de 65 años, tendrá un costo anual equivalente al 0,3% del PIB, aproximadamente $4,5 billones.
Finalmente, la reforma no tiene en cuenta la dinámica demográfica, lo que resulta una grave irresponsabilidad. Hace unos 30 años, por cada pensionado había diez trabajadores, hacia el 2050 habrá entre tres o cuatro por pensionado, lo que hará necesaria otra reforma porque los recursos se acabarán y la presión sobre el gasto público asfixiará mortalmente el sistema y la economía.
Todos los colombianos debemos cerrar filas para defender nuestro ahorro, nuestro derecho a una pensión digna que ya hemos trabajado. ¿Por qué entregar nuestros recursos al sector público que ha demostrado su ineficiencia y poner en riesgo a los fondos privados? Es como matar el pollo aliviado para darle caldo al enfermo.