Bogotá D.C., 3 de marzo de 2024
Carta abierta a los colombianos y a la comunidad internacional
Expresamos nuestra profunda preocupación por el alarmante plan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que implica graves amenazas a sus derechos. Demandamos a organismos internacionales medidas cautelares para su protección.
Esta denuncia parte, entre otros motivos, de la llegada a Colombia del reconocido criminal de lesa humanidad Salvatore Mancuso, traído a expensas de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP, la cual lo ha escuchado sin apenas contrastar las mentiras y contradicciones en las que ha incurrido a lo largo de sus audiencias y versiones entregadas a esa justicia, y las realizadas también ante Justicia y Paz.
El criminal de lesa humanidad Mancuso llega al país con un prontuario de muerte a sus espaldas que incluye tres condenas, más de 50 mil hechos criminales, 50 investigaciones abiertas y 56 órdenes de captura. Mancuso sembró el terror en diferentes regiones del país con masacres como la de Mapiripán en el Meta con 75 víctimas, la de El Salado en Sucre que dejó 60 personas asesinadas, la de La Gabarra en Norte de Santander con 123 víctimas mortales, la de Pichilín en Sucre con 11 víctimas o la del Tomate en Córdoba con 15 campesinos y un niño de 2 años asesinados, entre muchas más.
El 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a EEUU, junto con 12 cabecillas más de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC, por el gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez, tras determinarse que el paramilitar había violado la ley de Justicia y Paz y seguía delinquiendo desde la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí. En Estados Unidos, Mancuso tuvo que responder ante una Corte de ese país que lo condenó a 15 años de prisión por la introducción en ese territorio de cerca de 100.000 kilos de cocaína.
Hoy, un criminal de lesa humanidad como Mancuso regresa a Colombia, amparado por la JEP y el Gobierno Nacional, como un instrumento político contra Álvaro Uribe Vélez. Con contradicciones y mentiras que han sido enfrentadas y desmontadas con pruebas, entregadas ante la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la opinión pública, por el Expresidente y su equipo de abogados, Mancuso pretende ahora obtener beneficios jurídicos cambiando y trastocando versiones que ya había entregado ante la justicia, con el único fin de incriminar y vengarse del hombre que lo encerró casi 15 años en una cárcel de Estados Unidos.
Llamamos la atención sobre las mentiras y supuestos “nuevos” testimonios de Mancuso admitidos por la JEP con aparente candidez, pese a que ese criminal de lesa humanidad rindió durante más de 18 años versiones ante Justicia y Paz, que ahora al parecer no son tenidas en cuenta por ese tribunal.
La JEP, organismo creado con argucias y diseñado por y para las FARC, luego del mandato ciudadano que mayoritariamente manifestó con el NO su oposición a los acuerdos de paz de La Habana, ahora crea leguleyadas como la famosa teoría de la bisagra, para poder admitir al criminal Mancuso y usarlo contra Álvaro Uribe.
La tozudez de los hechos y la manera como la JEP tuerce la ley para beneficiar a Mancuso, quien además es nombrado por el Gobierno “Gestor de paz”, evidencian el plan que se han trazado algunos sectores políticos, que ahora resultaron aliados de criminales de todos los matices, para acusar y señalar al expresidente Uribe de hechos en los cuales no tuvo ninguna responsabilidad.
La grave amenaza que hoy se cierne sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, obedece a la venganza, a los propósitos y la unión de enconados y reconocidos enemigos criminales y políticos que el Expresidente ha combatido y enfrentado a lo largo de su larga carrera pública.
El país no debe olvidar que fue durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez que Colombia evitó ser un Estado fallido, y que su lucha frontal contra la criminalidad y el terrorismo, incluyendo por igual a la guerrilla y a los paramilitares, gracias al programa de la Seguridad Democrática, significó un avance importante para la tranquilidad y bienestar de los colombianos quienes calificaron sus mandatos con el 80% de aprobación, la cifra más alta alcanzada por presidente alguno en el país. Estos son algunos de los datos que la ciudadanía no olvida de los gobiernos de Álvaro Uribe:
- Los homicidios pasaron de 28.837 casos (2002) a 15.817 (2010).
- El asesinato de sindicalistas pasó de 196 a 15 casos entre 2002 y 2010.
- El asesinato de periodistas disminuyó de 15 casos en 2002 a 1 en 2010.
- Mientras en 2002 se registraron 115 masacres, en 2010 hubo 10 (se hubiera querido una cifra de cero)
- El secuestro se redujo de 2.882 casos en 2002 a 282 en 2010.
- El secuestro extorsivo pasó de 1708 casos en 2002 a 75 en 2010.
Hoy, el Centro Democrático se solidariza con el expresidente Uribe y reitera su denuncia sobre la injusta persecución basada en las falacias de Mancuso. La distorsión de la verdad por criminales no debe ser tolerada, y confiamos en que el tribunal de la opinión pública reconocerá dónde reside la verdad auténtica.
El Centro Democrático ratifica ante instancias nacionales e internacionales su denuncia sobre la persecución que se ha tejido sobre la figura de Álvaro Uribe Vélez. El país, la comunidad internacional, la justicia y especialmente las víctimas, no pueden convertir a uno de los peores criminales de lesa humanidad que tanto daño le ha hecho a Colombia en un adalid de la verdad.
CENTRO DEMOCRÁTICO
Comunicación de la dirección nacional y bancada del Centro Democrático:
