Bogotá, 27 de septiembre de 2018 (CD) – El Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe y de la senadora Paloma Valencia, y en compañía de la Bancada de Cambio Radical, radicó el proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se crean nuevas salas especiales para la Fuerza Pública dentro de la JEP.
“Desde mi punto de vista, que a nadie compromete, siempre he expuesto que las Fuerzas Armadas de un país democrático no se pueden equilibrar, poner en el mismo nivel de quienes han cometido actos terroristas. En el Centro Democrático nos opusimos a la JEP, inclusive recogimos firmas, en un momento, para derogarla. Hemos expresado todas las preocupaciones y finalmente se ha hecho un acuerdo con el doctor Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, y Cambio Radical, para presentar una sala especial para los integrantes de las Fuerzas Armadas que tendrían unas connotaciones también particulares, en lo sustantivo”.
La senadora Paloma Valencia- coautora del proyecto – enfatizó en que “este es un proyecto que busca llevar a la realización eso que habíamos logrado al final de la legislatura pasada, donde después de un acuerdo con el Ministro del Interior Rivera, habíamos discutido unos artículos donde abrían una posibilidad sobre unas salas especiales para los miembros de la Fuerza Pública, para que sean juzgados con garantías.
Lo primero es decir que aquí no se están modificando los acuerdos de La Habana. Ustedes recordaran lo que dijo el presidente Santos, sus negociadores y sus ministros, sobre que el tema de juzgamiento a la Fuerzas Armadas no hacía parte de los acuerdos, ni se iban a negociar en las mesas de La Habana. Se había comprometido un tratamiento simétrico pero diferenciado. Esa diferenciación no llegó a concretarse y la estamos trayendo hoy, en compañía del partido Cambio Radical, que les agradecemos mucho por acompañarnos.
Primero, los miembros de la Fuerza Pública que se quieran someter, lo harán en una jurisdicción dentro de la JEP, pero en salas especiales; para conocer esos delitos que hayan sido cometidos con ocasión del conflicto armado, está exactamente circunscrito a lo que tenía la JEP y la reconoce, pero tiene magistrados diferenciados elegidos por el Presidente de la República.
Segundo, tiene un procedimiento que no favorece la confesión como mecanismo para obtener beneficios. El proyecto es muy claro en el sentido de que todo el que haya pagado cinco años de detención por los crímenes que cometió, va a poder aplicar a una libertad condicional antes, durante o después del sometimiento a la JEP.
Tercero, los magistrados que juzguen a la Fuerza Pública tienen que conocer el Derecho Internacional Humanitario, que es el derecho que juzga y regula la guerra, y que conozca muy bien los manuales operacionales de las fuerzas, para garantizar que ese juicio que hagan esté ajustado a la normatividad que rige a la Fuerza Pública.
Cuarto, si hay detenciones para miembros de la Fuerza Pública, se hagan en establecimientos carcelarios especialmente dispuestos para ellos y que, como decíamos, cumplidos 5 años, haya la posibilidad de la libertad condicional.
Cuarto, el proyecto también establece algunos tipos de garantías en materia de defensa. Primero, a la defensa gratuita que tiene que proveer el Estado y la defensa institucional. Necesitamos que cuando una institución está metida en esos delitos, haya una defensa que se encargue de defender el buen nombre de las instituciones, para que, en confesiones o testimonios, no se destruya el nombre de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Este proyecto va a tener unas salas diferenciadas, pero con el mismo tratamiento simétrico y simultáneo que se le va a entregar a las Farc, de acuerdo a los acuerdos de la Habana, pero con unas garantías, tanto de defensa del buen nombre como de magistrados cualificados y calificados para defender a los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia”.
A su vez, el expresidente Uribe agregó, “yo, a título personal, quiero decir lo siguiente: hay nubarrones y cuestionamientos, uno podría decir que, por razones objetivas, no está garantizada la permanencia de la JEP.
Por lo pronto, yo creo que es un paso bien importante para los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, que han sido los héroes de nuestra Democracia, este proyecto. Porque, además, como lo dijo la senadora Paloma, tienen un beneficio, antes, durante o después de que no estarán privados de la libertad por más de cinco años; a los cinco años tendrán derecho a una libertad condicional en el peor de los casos.
Entonces, yo creo que en lo que nos tenemos que detener en este momento, es en que este proyecto trae unos beneficios, hace justicia, y cumple una cosa; ustedes saben mi desacuerdo con lo de La Habana, pero ellos dijeron en una de esas normas, hablaron confusamente, de tratarlos de manera igual y también diferencial, yo nunca entendí eso, decían: “no esto, también este tratamiento es para las Fuerzas Armadas, pero habrá un esquema diferencial”, que no lo habíamos visto. Por lo menos, esta Sala especial crea en favor de nuestras Fuerzas Armadas ese esquema diferencial.
Se anexa proyecto radicado ante la Secretaría del Senado (aquí)
Oficina de comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez
(FIN)