Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Colombia es un País de emprendedores. La innovación está en nuestro ADN y pocos lugares en el mundo tienen una creatividad como la nuestra. Sin embargo, el proceso para convertir esa originalidad en una empresa sólida es excesivamente tortuoso, razón por la que la mayoría de los emprendimientos quedan en la informalidad y están destinados a morir en el mediano plazo.
Por ejemplo, si una persona tiene una pequeña finca y quiere crear una microempresa para comercializar los tomates que siembra allí, se encuentra con que debe acudir a una Cámara de Comercio para pagar el Registro Mercantil, cancelarle el impuesto de industria y comercio al respectivo municipio, inscribirse en el régimen simple de tributación ante la Dian y acudir ante el Invima para obtener el registro sanitario.
Adicionalmente, tiene que cubrir los aportes a salud, pensión y las prestaciones sociales de los trabajadores que contrate y, por si fuera poco, debe ir de banco en banco pasando solicitudes de créditos que, por lo general, tienen altas tasas de interés para compensar el riesgo de no pago.
En otras palabras, el emprendimiento formal en Colombia está sometido a un sinfín de trámites y requisitos que implican unos costos adicionales que oscilan entre un 34% y 46%. Por eso, la mayoría de los innovadores del País no ven este camino como una opción viable.
De hecho, a pesar que las MiPymes representan el 99.6% de las empresas del País y generan el 80% del empleo, su panorama no es nada alentador. El caso más ilustrativo son las microempresas, donde tan solo el 12% de los puestos de trabajo que crean son formales, apenas el 31% lleva algún registro contable, el 87.8% no tiene el registro de Cámara de Comercio, únicamente el 20% cuenta con Registro Único Tributario y solamente el 20.6% de ellas tiene acceso al crédito.
El problema de estos altos niveles de informalidad, aparte de afectar las finanzas del sistema de seguridad social, es que las empresas no tienen posibilidades de crecimiento a mediano plazo y como no es posible hacerles una trazabilidad de su desempeño los bancos consideran que prestarles recursos es demasiado riesgoso.
Esto llega a tal punto que tan solo el 21.6% de los créditos otorgados por los bancos tradicionales van destinados a las MiPymes, quienes en Colombia pagan en promedio el doble de intereses que las grandes empresas. Además, en comparación a otros Países observamos que las tasas con que se realizan estos préstamos duplican las que se registran en Chile y en ocasiones triplican las de Reino Unido, Suiza y China.
Como resultado, apenas el 34.4% de las microempresas colombianas sobreviven tras los primeros cinco años de su creación, cifra que aumenta al 69.1% y 72.2% cuando hablamos de medianos y grandes negocios respectivamente.
Para mejorar este difícil panorama en el Congreso acabamos de aprobar la Ley de Emprendimiento. Una iniciativa revolucionaria que permitirá mejorar la estructura institucional que rodea a las MiPymes del País y que consta de cuatro grandes ejes.
En primer lugar, a partir de 2021 los micronegocios no tendrán que pagar el registro sanitario del Invima, el cual cuesta en promedio de $2.5 a $7.1 millones, y se establecen tarifas diferenciadas para las pequeñas y medianas empresas. Además, se permite la contabilidad simplificada y se ajustan las tarifas del impuesto de registro.
En segundo lugar, se facilita el acceso de las MiPymes a las compras públicas, las cuales representan el 15% del PIB del País. A partir de ahora, estas tendrán prioridad en los procesos de contratación de mínima cuantía y si llega a haber empate con otra empresa, se debe escoger a la que pertenezca a este sector.
Al respecto, cabe señalar que aunque las MiPymes son el 99.6% del tejido empresarial del País, tan solo el 46% de ellas participa en este mercado.
En tercer lugar, el Fondo Nacional de Garantías podrá realizar inversiones de riesgo en los emprendimientos, cosa que difícilmente hace la banca privada, gracias a lo cual será posible darles la mano a las MiPymes en el comienzo de sus proyectos, donde por lo general la mayoría naufragan. Además, se unifican en iNNpulsa todos los programas de ayuda e incentivos del Gobierno a este sector y se promueven los microcréditos.
Finalmente, se impulsa la formación en emprendimiento en los colegios y en los programas de doble titulación. Asimismo, se crean los consultorios empresariales que se asemejarán a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, solo que enfocados en el asesoramiento a los pequeños innovadores.
Con estas medidas esperamos darle una nueva cara a la creación de empresa en Colombia. El potencial creativo de nuestro País es incalculable y ahora, después de mucho esperar, por fin tendrá un marco institucional que le facilitará su crecimiento en vez de imponerle trabas administrativas y financieras que lo condenaba al fracaso.