Alejandro Corrales E.

Senador de la República

 

Colombia lleva décadas sufriendo las consecuencias del narcotráfico y el terrorismo, debido a ello nos hemos posicionado en el vergonzoso primer lugar de los países con las cifras de desplazamiento interno más altas del mundo.

En el Gobierno del expresidente Uribe se logró un hecho inédito, antes de su llegada en 2002 el número de hectáreas de cultivos ilícitos era de 102 mil, para 2009 se había reducido a 60 mil, y para 2013 a 48 mil. El país veía una salida oportuna y rápida al problema del narcotráfico de la mano de la aspersión con glifosato.

El glifosato es un herbicida que tiene casi 50 años en el mercado, por su eficacia es el agroquímico más usado en el mundo tanto en cultivos lícitos como ilícitos. Fue implementado en Colombia desde 1984 en el Gobierno de Belisario Betancur y desde ese entonces ha sido parte fundamental en la lucha contra las drogas y la defensa de la legalidad.

En 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender el programa de aspersión aérea con glifosato, dos años después en 2017 ya había 171mil hectáreas de coca sembradas, llegando al nivel más alto desde el 2000, aún así, en ese mismo año la Corte Constitucional aplicó el principio de precaución y prohibió cualquier posibilidad de reanudar su uso, estos dos sucesos sumados al macabro Acuerdo Santos – Farc hundieron décadas de esfuerzos gubernamentales en la lucha contra las drogas, acusando al herbicida de provocar daños en la salud de los pobladores.

Para dar esta premisa la Corte se sustentó en un estudio de la International Agency on the Research for Cancer (IARC), la cual decía que el glifosato podría ser “probablemente cancerígeno”, ubicándolo en el grupo 2A al lado del trabajo en peluquería, los turnos de noche, las estufas de carbón, la carne roja y la exposición al asfalto. Desafortunadamente, no se fijaron en otros estudios como el de la Environmental Protection Agency (EPA), quienes afirman que no hay evidencia sobre que el cáncer pueda ser causado por glifosato o el estudio delGlyphosate Use and Cancer Incidence in the Agricultural Health Study del Centro de Sanidad Agrícola de EEUU, el cual tampoco encontró asociación alguna.

Las decisiones que se tomaron durante este periodo han puesto en peligro el orden público y la seguridad nacional con programas mal diseñados como el de sustitución de cultivos que solo ha provocado mayor número de hectáreassembradas en coca,con el fin de acceder al dinero para la reconversión. Además, ha obligado a nuestra Fuerza Pública a realizar tareas de erradicación manual, lo cual no solo es más costosoy lento, en una medida 170 vs 600 hectáreas por día, sino peligroso, entre 2009 y 2018, han muerto 126 miembros de la Fuerza Pública y civiles, y 664 han resultado heridos.

En 2020 ya van 16 miembros de la Fuerza Pública asesinados y un centenar de heridos.

A pesar de todos estos obstáculos, Colombia cerrará el 2020 con 130 mil hectáreas erradicadas, 30% más que en 2019, pero el impulso no puede llegar hasta ahí.

El narcotráfico se ha convertido en la gasolina del terrorismo y del asesinato de líderes sociales, no debe existir tregua para acabar con este mal, los avances técnologicos permiten rociar glifosato a través de drones o avionetas muy cercanas al suelo con sistemas de georreferencia que ubiquen los cultivos con exactitud y dentro de las normas permitidas.

Hoy el país se esta jugando uno de los pilares más importantes, la seguridad democrática, no permitamos que los detractores del gobierno y los amigos de la ilegalidad frenen nuestro sueño de una mejor Colombia para nuestros hijos.