El negacionismo de las Farc

Por: Margarita Restrepo

Mienten y saben que lo hacen. Los cabecillas de las Farc se han burlado sistemáticamente de los colombianos. Han usado a la JEP para esquivar a la justicia. No podemos olvidar el bochornoso episodio del narcotraficante Santrich por quien la justicia norteamericana ofrece 10 millones de dólares y que fue “oportunamente” liberado por unos magistrados de la jurisdicción que fue creada por ellos mismos, horas antes de su extradición.

Las grandes democracias han dado importantes pasos en contra de la negación de los crímenes de lesa humanidad. Alemania, Francia, Suiza, la República Checa, España e Israel -por citar unos ejemplos-, gozan de legislaciones que castigan severamente a aquellas personas que hagan apología o nieguen la ocurrencia de crímenes atroces.

Hace un par de años, una mujer de 88 años fue sentenciada a 6 meses de prisión por un tribunal de Berlín luego de que se confirmara que ella, de manera sistemática, hubiera negado el holocausto judío, específicamente las ejecuciones que ocurrieron en el campo de concentración de Auschwitz.

La garantía de no repetición se constituye en una de las condiciones básicas para que haya paz estable y duradera. Y es a través del conocimiento pleno de los crímenes se logra generar conciencia en una sociedad para efectos de que las acciones de barbarie no vuelvan a acaecer.

Las Farc es un grupo responsable por la comisión de muchos delitos considerados ofensivos contra la humanidad. Secuestros, desplazamientos, masacres y reclutamiento forzado de menores de edad son algunas -de las muchas- atrocidades sobre las que hay plena evidencia en contra de ese grupo terrorista.

La semana pasada, sin el respaldo del Centro Democrático, el senado de la República eligió a Griselda Lobo, alias “Sandra Ramírez” como segunda vicepresidenta de esa corporación. La designación causa un legítimo malestar entre quienes desde siempre nos hemos opuesto a que cabecillas de las Farc hayan llegado al Congreso sin pasar previamente por la justicia, sin reconocer sus culpas, sin reparar a sus víctimas y, además, sin que medie una votación que respalde sus curules en el órgano que está integrado por quienes ejercemos la representación del pueblo colombiano.

En sus primeras intervenciones como vicepresidenta de la cámara alta de nuestro parlamento, alias “Sandra” negó uno de los crímenes más delicados cometidos por la estructura criminal de la que ella hace parte: el reclutamiento forzado de menores de edad.

Sus palabras no son nuevas, ni son fruto de una posición personalísima.

Las Farc saben que el acuerdo de impunidad que celebraron con Juan Manuel Santos, que parece blindado dentro de las fronteras colombianas, tiene un punto débil a la luz de la justicia internacional.

Ese punto es, precisamente, el de la utilización y esclavización de niños, una práctica sistemática y generalizada en esa guerrilla. No se trató de casos aislados, ni de situaciones puntuales llevadas a cabo por ciertos “comandantes” de esa organización criminal.

Desde cuando se estaban adelantando los diálogos de La Habana, las Farc se encargaron de desviar la atención frente al reclutamiento de menores. ¿Recuerdan cuando Iván Márquez dijo que en esa guerrilla solo había 13 niños y que todos ellos habían acudido a ellos buscando protección y cobijo, como si esa organización prestara servicios de guardería?

Desde 2014, las Farc -con la complicidad de los delegados del gobierno Santos- pusieron en marcha una campaña de negación del reclutamiento de menores porque saben que ese, específicamente ese delito, será el que tarde o temprano los conducirá al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional, tribunal que desde su creación ha sido implacable en la sanción de uno de los más dramáticos crímenes de guerra: el reclutamiento, esclavización y utilización de menores de edad.

Ahora, cuando “Timochenko” y sus secuaces comparecen ante la cómoda y complaciente JEP, buscando que el proceso que se les adelanta por el tema de los niños no avance, les han ordenado a sus abogados -que son pagados por la JEP- que enreden la investigación, presentando toda suerte de memoriales y recursos con los que evidentemente pretenden que jamás se conozca la verdad y que las víctimas de ese delito, que han implorado ser oídas en el tribunal, nunca sean atendidas.

En conclusión, las palabras de la nueva vicepresidenta del Senado “Sandra Ramírez” y de sus conmilitones son mucho más que un acto de cinismo. Aquellas responden a una calculada maniobra jurídica que se materializa a través de una práctica que como narré en líneas anteriores, está proscrita en muchos Estados: el negacionismo de delitos contra la humanidad.

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