Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Esta semana el Ministro de Hacienda radicó ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación -PGN para 2022. Un instrumento clave a través del cual se materializa el accionar del Gobierno Nacional y que entraremos a estudiar en detalle en las Comisiones Económicas de Cámara y Senado. Esta es la explicación de un proyecto que se compone de cuatro grandes rubros: 1) el monto 2) los ingresos, 3) los gastos y 4) la distribución final por sectores.
En primer lugar, para 2022 se contempla que el monto total del Presupuesto será de $350.4 billones, lo que significa un incremento de $36.5 billones frente a este año y que va ligado a las medidas de lucha contra la pobreza que estamos discutiendo en la Ley de Inversión Social – LIS para que el País retorne a las condiciones sociales de 2019, previo a la pandemia.
De hecho, aunque dicho proyecto y el Presupuesto son iniciativas diferentes, van íntimamente ligadas, dado que las proyecciones de recaudo y gasto que se establecen en la LIS se incluyen dentro del PGN. Es decir, una Ley depende de la otra.
En segundo lugar, en el rubro de los ingresos, o sea, de dónde sale la plata, el proyecto contempla aspectos interesantes. Por ejemplo, gracias a la reactivación económica a la Nación le ingresarán $8.8 billones más por impuesto de renta frente a este año para llegar a un total de $77.7 billones.
Asimismo, el recaudo del IVA ascenderá a $70.1 billones, gracias al alza del precio del petróleo los dividendos que recibe el Gobierno Nacional de Ecopetrol llegarán a $8.4 billones y $102.1 billones corresponderán a créditos, para lo cual será vital que la Nación le siga brindando confianza a los mercados a pesar que dos de las tres calificadoras le retiraron el grado de inversión al País.
En tercer lugar, el componente de gastos se divide a su vez de tres partes: 1) funcionamiento 2) inversión 3) deuda. El primero, asciende a $210.1 billones y cubre, entre otros aspectos, $51.9 billones en pensiones, $49.5 billones para las transferencias de salud y educación a las regiones a través del Sistema General de Participaciones y $26.4 billones para el aseguramiento en salud.
Ahora bien, dentro de este rubro es de resaltar que el monto para la adquisición de bienes y servicios disminuye un 0.6% y esperamos que para el próximo año ya se haya suprimido buena parte de la burocracia innecesaria del Estado gracias a las facultades que para tal fin le entregaremos al Presidente en la Ley de Inversión Social.
El segundo rubro, el de inversión, pasa de $58.5 a $62.2 billones, dentro de los cuales se contempla un necesario paquete de $20 billones para superar la pobreza con programas como Familias en Acción, la Devolución del IVA, Colombia Mayor y, claro, el Ingreso Solidario que prorrogaremos en la Ley de Inversión Social hasta diciembre de 2022.
De igual manera, se destinarán $10.3 billones para concluir obras del sector transporte, $5.2 billones para inversiones en educación como la Matrícula Cero para 650.000 estudiantes vulnerables o el mejoramiento de la infraestructura de los colegios públicos del País y $4.2 billones para incentivos de generación de empleo en el sector trabajo.
El tercer aspecto es la deuda, la cual se incrementará en $7.4 billones frente a este año para llegar a un total de $78 billones. A pesar que es el rubro menos apetecido del Presupuesto, es fundamental que el País honre sus compromisos crediticios, dado que eso le permite mantener una calificación positiva con los acreedores que se traduce en unas tasas de interés estables.
En cuarto lugar, un elemento importante para analizar el PGN es la asignación final por sectores, lo que significa cuántos recursos, entre funcionamiento e inversión, se destinarán a los bloques de entidades que abordan temas similares. En ese ejercicio, observamos que frente a este año educación pasa de $47.3 a $49.2 billones, salud de $36 a $41.1 billones, trabajo de $27.2 a $36 billones, defensa de $26.6 a $28.9 billones e inclusión social de $15.9 a $21.6 billones.
Cifras importantes que nos permiten desmentir, por ejemplo, esa repetida y falsa consigna que afirma que en Colombia destinamos más recursos a la guerra que a la educación.
Bajo este panorama, una vez finalicemos la discusión de la Ley de Inversión Social empezaremos a debatir este proyecto en las Comisiones Económicas del Congreso. Dado que por mandato legal el 80% del Presupuesto es inflexible, buscaremos redistribuir parte de ese 20% restante disminuyendo algunos componentes de funcionamiento y renegociando un segmento de la deuda para destinar mayores recursos a inversión social.