Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Esta semana el Gobierno Nacional deberá tomar una de las decisiones más importantes de cada año: el aumento del salario mínimo. Una medida que tiene implicaciones directas en la capacidad adquisitiva de los colombianos, la generación de empleo y un eventual crecimiento económico a través del incremento del consumo.
¿Cuánto debe subir?
Para responder a esta pregunta debemos tomar como punto de partida la inflación final del año, la cual se calcula que estará entre el 1.5% y 2%. Menos de esta cifra no puede incrementar, por lo que la verdadera cuestión es determinar cuántos puntos porcentuales por encima de dicho indicador se acrecentará, lo que se conoce como el aumento real del salario mínimo.
Por ejemplo, de nada sirvió que para 2016 el mínimo se incrementara en un 7% cuando la inflación del 2015 fue de 6.77%, dado que el aumento real fue de apenas 0.23%. Una cifra insignificante que no representa mayor cosa para los trabajadores.
Sin embargo, aunque todos quisiéramos elevar esta cifra debemos ser bastante precavidos, dado que si la diferencia entre la inflación y el alza del salario es demasiado alta corremos el riesgo de disparar el costo de vida y disminuir la generación de empleo, fenómenos que bajo ningún motivo queremos provocar.
No obstante, si el aumento del mínimo es muy bajo, tal como sucedió en 2016, no se mejora la capacidad adquisitiva de los trabajadores, con lo que básicamente nos estancamos en el punto en que estamos.
Por esta razón, es fundamental buscar un equilibrio que permita inyectarle recursos a los hogares sin sacrificar la vida financiera de las empresas. Para lograrlo, la propuesta de Tomás Uribe de incrementar el salario en un 4% y reducir la jornada laboral en 4 horas no puede ser más acertada.
En concreto, este 4×4 permitiría que el aumento real del mínimo oscilara entre el 2% y 2.5%, monto acorde a la variación del 2.2% realizada para el 2020. Además, pavimentaría el camino para que Colombia, que tiene una de las jornadas de trabajo más largas de la región, pasara de 48 a 44 horas semanales y se acercara al promedio de 40 horas que tienen Brasil o Estados Unidos.
Ahora bien, sé que estas discusiones son importantes, por supuesto, pero lo cierto es que desde ya debemos empezar a proyectar la estructura legal del salario mínimo para dentro de cinco años, donde los cambios en las condiciones de mercado serán más notorios.
Me explico: hoy en día estamos viendo el auge de fenómenos tecnológicos con repercusiones económicas para nada despreciables. Por ejemplo, los influenciadores de las redes sociales o los domiciliarios de las aplicaciones móviles desempeñan una labor que no existía hace un par de años, perciben ingresos mensuales superiores al mínimo y no están atados a las formalidades tradicionales.
Además, su pago no depende de la nacionalidad o del idioma que hablen, sino de los parámetros fijados por el mercado a nivel global. Piensen en el caso de Instagram, una red donde las empresas no pautan dependiendo de si el sujeto es colombiano, español o japonés, sino de la cantidad de seguidores que tenga, situación que se replica con los programadores de sistemas, quienes sin importar si están en Bogotá o en Taipei hablan el mismo idioma y tanto su labor como remuneración se sincroniza cada vez más con las dinámicas internacionales.
Y así como pasa en estos casos está sucediendo con cientos de oficios nuevos, los cuales, por lo general, no les afecta si el alza real del salario mínimo es del 0.5% o del 5%, sino que responden a una dinámica de mercado donde la libertad contractual es vital.
Por eso, es necesario que abramos la discusión sobre el modelo de salario mínimo del futuro, más aún cuando las dinámicas laborales en cinco o 10 años no van a estar atadas al modelo de trabajo de escritorio del siglo XX.
El mundo está cambiando a pasos agigantados y nuestro régimen legal, en vez de oponerse a las transformaciones, tiene que adaptarse a ellas con medidas que permitan, por ejemplo, el acceso real a la pensión a través de la cotización por horas con tarifas diferenciadas que garanticen un pago superior al monto del mínimo o una asignación básica que no se convierta en una camisa de fuerza para los trabajadores que quieren desempeñar varias actividades de manera simultánea.