Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Cada vez que el Presidente de la República hace un nombramiento en el gabinete ministerial de alguien que tiene el respaldo de un partido político surge la misma pregunta: ¿eso es o no mermelada?
La respuesta a este cuestionamiento, que no es menor, exige realizar la diferenciación entre la representación política y la mermelada. La primera, es un aspecto inherente a la democracia. Como tal, es imposible pretender que los partidos políticos que tienen representación en el Congreso respalden y defiendan las iniciativas de un Gobierno del cual no hacen parte.
Hacer tal cosa, conllevaría a que las diferentes colectividades asumieran el desgaste y el costo electoral de implementar unas políticas que ellos no diseñaron ni ejecutaron. Es, en palabras coloquiales, como poner las manos en el fuego por alguien que ni siquiera les dirige el saludo.
Por eso, es natural que los Gobiernos busquen forjar una coalición con diferentes partidos, la cual tenga como punto central un acuerdo programático en torno a una misma visión de Nación. Para el ejecutivo, tal acción le permite, por un lado, consolidar una mayoría que le brinde gobernabilidad en el Congreso y, por otro lado, integrar a diferentes sectores sociales y políticos en su propuesta de País.
Por su parte, los partidos, al tener representación en el Gobierno, tienen la posibilidad de hacer realidad las propuestas que hicieron durante la campaña, lo cual fortalece la relación de confianza con sus electores, quienes encuentran seriedad y capacidad de ejecución en sus representantes.
Esta dinámica es tan necesaria que, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios europeos como Italia, España o Alemania la conformación del Gobierno exige que el partido que ganó las elecciones invite a otras colectividades a hacer parte del ejecutivo, las cuales no solamente reclaman una representación formal, sino que tengan la posibilidad de implementar las políticas públicas que tuvieron el respaldo de sus electores y consideran más convenientes para el País.
Es una negociación legítima donde ambas partes ganan.
La segunda, la mermelada, es una práctica completamente diferente. Una cosa es darles representación política a los partidos en el gabinete para que hagan parte del Gobierno e implementen políticas públicas y otra, diametralmente opuesta, es derrochar recursos públicos a diestra y siniestra para destinarlos a burocracia innecesaria o contratos sin supervisión alguna.
Por ejemplo, durante el Gobierno anterior los gastos de personal pasaron de $15 billones en 2010 a $27.6 billones en 2017. Es decir, se derrocharon $12.6 billones en contratos y puestos que no eran para nada necesarios.
Además, como si fuera poco, en cupos indicativos esa administración gastó cerca de $37 billones, los cuales se traducen en partidas presupuestales que los congresistas invierten en sus regiones sin que a ciencia cierta se conozca cómo se ejecutaron esos recursos.
Esa inaceptable situación dista radicalmente del compromiso de austeridad del actual Gobierno, el cual, en 2019, logró la meta de reducir en $3 billones los gastos de funcionamiento, lo que se traduce en menos recursos para burocracia y más para inversión.
En este contexto, los acertados nombramientos que realizó el Presidente Duque en los Ministerios de Salud, Agricultura y Trabajo no pueden denominarse en lo absoluto como mermelada, sino como una necesaria representación política de tres colectividades con las cuales hay más cercanías ideológicas que desencuentros: Cambio Radical, el Partido Conservador y la U.
Nombrar técnicos en el gabinete ministerial puede ser deseable por el conocimiento que tienen sobre un determinado sector. Sin embargo, no es lo más conveniente, dado que no representan a una colectividad ni tienen reconocimiento por parte del electorado.
Lo ideal, es lograr un equilibrio, como lo hizo el Presidente, al designar personas con trayectoria política que conozcan y tengan experiencia en el sector respectivo y, al mismo tiempo, permitan implementar las propuestas de campaña de las diferentes colectividades, permitiendo así que se sientan identificadas con el Gobierno.