Por: John Harold Suárez Vargas,
Senador de la República.
El 7 de agosto de 1819, en el puente sobre el río Teatinos en el municipio Tunja, departamento de Boyacá, fue el fin de la exitosa campaña libertadora liderada por Simón Bolívar que tuvo como objetivo liberar a Nueva Granada (hoy Colombia) del dominio del imperio español dando origen a la república de Colombia. Gracias al valor de cerca de 2.800 hombres y mujeres entre los cuales se encontraban indígenas, negros, zambos, mulatos, mestizos y criollos, se logró derrotar las tropas de los realistas” lideradas por el brigadier, José María Barreiro, en lo que conocemos como ‘La Batalla del Puente de Boyacá’.
Múltiples batallas se dieron en distintas partes de nuestro país, forjando así nuestra independencia; lamentablemente con el paso de los años muchas de ellas, al igual que sus héroes, persisten en el anonimato. Ejemplo de ello es ‘La Batalla de San Juanito’, ocurrida el 28 septiembre de 1819 en la ciudad de Guadalajara de Buga, cuya principal heroína fue María Antonia Ruiz, mujer afrodescendiente, hija de esclava, quien perdió a su hijo ante un pelotón de fusilamiento del ejército español. El papel de la mujer en la gesta liberadora fue preponderante al igual que los hombres y mujeres de raza negra, pero tristemente, salvo Manuela Beltrán o Policarpa Salavarrieta, muchos nombres permanecen en el olvido. Es por ello, que para saldar esa deuda y recuperar nuestra memoria histórica, he radicado un proyecto de ley para rendir homenaje a su nombre y de la gesta libertadora que tuvo lugar en tierras vallecaucanas.
En 1819 los patriotas nos liberaron de la tiranía de la corona española; hoy los colombianos tenemos que luchar por una nueva independencia:
Del narcotráfico y la violencia.
De los falsos mesías que quieren llegar al poder con discursos populistas y de las noticias falsas de sus lacayos en el Congreso de la República.
De los que promueven la lucha de clases.
De la corrupción y de los evasores de impuestos.
Del derroche de los recursos públicos.
De los que utilizan las necesidades de los jóvenes y de la sociedad con fines políticos.
De los alcaldes y gobernadores que solo gobiernan para un grupo de ciudadanos.
De los diputados y concejales complacientes con las decisiones equivocadas de alcaldes y gobernadores.
De los que solo exigen derechos, pero no cumplen deberes.
De los reclutadores de niños.
De los educadores que no quieren regresar a las aulas.
De los que quieren destruir nuestra economía.
De los que promueven la destrucción del orden y la autoridad.
De los falsos moralistas.
En medio de tantas dificultades como la pandemia y la crisis derivada del paro nacional, especialmente de los bloqueos, la reactivación económica avanza. Aunque lentamente, es un hecho que ni siquiera la oposición puede negar. El desempleo a junio de 2021 llegó al 14.4%, dos puntos por encima a la tasa registrada en marzo de 2020, antes de la pandemia.
Nadie pone en duda que la protesta pacífica generó una nueva conciencia social y hay muchas necesidades por cuya solución debemos trabajar tanto desde el sector público como desde el privado. Hay que tener mucho cuidado en el camino que se tome para llevar las soluciones: las propuestas de un asistencialismo desbordado no son sustentables económicamente para ningún gobierno en el mundo: eso es politiquería y demagogia. Por el contrario, el Estado, junto al sector privado, deben fortalecer programas de apoyo al emprendimiento, a la creación de fuentes de empleo y capacitación de calidad y así avanzar en el cierre de las brechas sociales.