Nicolás Pérez
Senador de la República
Como lo había dicho la semana pasada, son muchas las preocupaciones que tengo con el articulado de la reforma tributaria. Los puntos perjudiciales parecieran no compensar los aspectos positivos, en especial cuando hay una afectación tan grande a la clase media. Hoy, me quiero referir a tres ítems frente a los cuales cambiaría la tarifa del IVA para cumplir parte de la meta de recaudo de $7.3 billones anuales a través de este tributo.
En primer lugar, uno de los sectores más perjudicados con este proyecto es el agropecuario. Si bien es verdad no se cobrará IVA a los alimentos, la iniciativa sí impone este tributo a los bienes que se utilizan en su producción. Por ejemplo, los sistemas de riego y todas las máquinas y aparatos de uso agro, incluyendo los neumáticos de los vehículos y los tractores, comenzarían a pagar la tarifa plena del 19%.
Para contextualizar, ninguno de estos elementos hoy tiene IVA, lo que significa que este cambio incrementaría en una quinta parte el costo de la papa, el arroz, los huevos, la leche y, en general, todos los productos del campo, dado que ese valor adicional que asumiría el productor naturalmente le sería trasladado al consumidor final aumentando el valor del bien. De lo contrario, el negocio funcionaría a pérdida, situación completamente inviable.
En segundo lugar, el sector transporte se vería sometido a una nueva realidad que generaría un efecto inflacionario en el País, puesto que la gasolina y el ACPM pasarían de tener una tarifa de IVA del 5% al 19%, lo que se traduce en un incremento promedio de entre $640 y $690 por galón.
Para ver la gravedad de esto, pensemos en la siguiente situación: de Bogotá al puerto de Buenaventura hay 516 km. En promedio, una mula consume 90 galones de ACPM en este trayecto, lo que cuesta un aproximado de $766.350 teniendo en cuenta que el precio del galón en la capital se ajustó a $8.515 en febrero. Con la variación del IVA propuesta en la reforma, este valor se incrementaría en 14%, es decir, llegaría a $873.639, con lo cual habría un alza de $107.289 que, de nuevo, terminaría asumiendo el consumidor final vía mayor precio de los productos.
Lo anterior, sin mencionar el aumento que se podría generar en el valor de los pasajes del transporte público y el impacto que tendría en los hogares colombianos. En otras palabras, una modificación en este sector causaría un efecto dominó en todos los demás aspectos de la economía.
En tercer lugar, lejos de promover el acceso a internet, la reforma hace todo lo posible para impedir que la clase media tenga mejor conectividad. Por ejemplo, el estrato 3 tendría que pagar IVA del 19% por este servicio, al igual que quienes adquieran computadores de hasta $1.8 millones y celulares de hasta $798.776.
Si ya es de por sí costoso para una familia vulnerable comprar un equipo de tecnología, con la reforma será casi que imposible. Un computador de $1.500.000 pasaría a costar $1.785.000, una variación de $285.000 que le implica a un hogar de bajos recursos el presupuesto del arriendo o la alimentación mensual.
De hecho, hace un par de semanas escribí una columna donde expuse la crítica realidad de la conectividad digital que tiene el País. Para las grandes ciudades y los estratos altos el acceso a internet es algo normal, pero para los sectores vulnerables y la Colombia profunda es un sueño. Tan es así, que mientras el 67% de los bogotanos tienen internet fijo, tan solo el 6% de los hogares que viven en los departamentos de la Amazonía cuentan con este servicio.
Una brecha alarmante que se agravaría con esta Ley.
Claramente, no estaríamos alarmados con estas medidas si el Ministerio de Hacienda las hubiera socializado con el Congreso de manera previa a la radicación del proyecto. Al igual que sucedió con la Ley de Financiamiento de 2018, donde el Gobierno propuso inicialmente extender el IVA a más productos de la canasta familiar, hay aspectos que no tienen viabilidad política, pero que el Ministerio erradamente propone ante la falta de comunicación con el legislativo.
Una reforma tributaria necesita de un gran consenso nacional donde se tengan en cuenta las preocupaciones de los gremios, los trabajadores y los hogares. Hasta que eso no ocurra, será casi que imposible que el Congreso apoye una iniciativa que toca aspectos tan delicados en la vida de los colombianos.