Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
Existen diferentes formas de hacer política, una de ellas es presentar propuestas reales, con fuentes de financiación estructuradas, enfocadas en el desarrollo del país y en soluciones a los múltiples problemas sociales. Otros acuden a la demagogia, definida por la RAE como “1. f. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. 2. f. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. El populismo y a la habilidad en volver lo falso en creíble, parecen ser, las estrategias de campaña de sectores de oposición que aspiran llegar al poder en la próxima contienda electoral.
Para sustentar lo anterior, quisiera referirme a algunos hechos ocurridos el último año con algunos actores de la esfera política:
En primer lugar, en el marco de la cooperación internacional de lucha contra el narcotráfico, la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, llegó a nuestro país a brindar asesoría en inteligencia, ciencia y tecnología para combatir este delito; desde el primer momento que se anunció el arribo de esta brigada la oposición la presentó ante la opinión pública como una violación a la soberanía y alorden constitucional, e instauró una acción de tutela contra el presidente Iván Duque, el Consejo de Estado, el Senado de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Embajada de los Estados Unidos de América, argumentando que al Senado le corresponde permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, tal como lo establece el artículo 173 de la Constitución Política.
La Corte Suprema de Justicia negó esta tutela, aduciendo que no se presentó tránsito de tropas. Termina la Corte por darle la razón al inolvidable ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, Q.E.P., quien atendió a las múltiples citaciones de control político, e incluso llegaron a proponer una moción de censura para apartarlo del cargo.
En segundo lugar, el Plan Nacional de Vacunación es el objetivo actual de falsas informaciones y manipulaciones sobre las cuales es preciso hacer algunas observaciones, no sin antes reconocer que no hay proceso perfecto y se pueden presentar algunas fallas:
Se habla de la demora para acceder a las vacunas pero se les olvida mencionar que en nuestro país no había una ley que permitiera vacunar a todas las personas independientemente de su edad, y la mayoría de los senadores que realizan estas críticas votaron negativamente a este proyecto de ley que incluye la gratuidad universal de la vacuna para los colombianos, la cual apoyamos y votamos positivamente el 2 de diciembre del año anterior.
Ante la duda de falta de capacidad por parte del Gobierno solamente es revisar la celeridad con la que se aprobó el uso de las vacunas: Pfizer presentó ante el Invima el permiso para uso de la vacuna del covid-19 el 31 de diciembre y le fue concedido el 5 de enero del presente año; el 3 de febrero se autoriza la vacuna de Sinovac y el pasado 22 la de Astra Zeneca y Oxford.
Mencionan el caso chileno como exitoso, pero hábilmente omiten decir que Chile hizo una compra a riesgo cuando las vacunas aún se encontraban en fase experimental. Es fácil deducir el tipo de acusaciones que habría recibido el presidente, Iván Duque, y altos funcionarios del gobierno si hubiese procedido de igual manera.
Auguraron el fracaso del mecanismo COVAX, una iniciativa global liderada por la Organización Mundial de la Salud – OMS-, de la cual forman parte más de 172 países. Pero este lunes 1 de marzo llegarán al país las primeras 117.000 vacunas de Pfizer, convirtiéndose Colombia en la primera nación de América en recibirlas y la segunda en el mundo.
No se entiende cómo apuestan al fracaso del Gobierno en este tema de suma importancia, en el cual todos deberíamos de tener un fin común, solo por obtener réditos políticos cuando la salud y la vida están en juego.
En tercer lugar, se acusa al Gobierno Nacional de incumplimiento en el programa de sustitución de cultivos, pero no mencionan a las más de 130.000 familias que firmaron acuerdos de las cuales cerca del 10% no han cumplido el compromiso de erradicación voluntaria, en muchos casos presionadas por grupos de narco terroristas, y tampoco hacen referencia a su costo y cómo financiarlo, el cual es cercano a los $2.7 billones.
Finalmente, no son entendibles las artimañas utilizadas por ciertos sectores para que el principal testigo en el proceso que se sigue en contra del expresidente, Álvaro Uribe, no declare ante la Fiscalía y pueda ser interrogado por la defensa. La vulneración del derecho de defensa que tenemos todos los colombianos solo conlleva a inferir que el testigo miente y que es una prueba más de un siniestro plan para atacar al hombre que rescató a nuestro país.
El mejor homenaje póstumo para Herbin Hoyos, es justicia con las víctimas de las FARC.