Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Todos tenemos en mente la cifra de $50 billones que anualmente se pierden en Colombia por culpa de la corrupción. Elefantes blancos, sobre costos, robo de los anticipos, licitaciones con único proponente, abuso de la contratación directa o la adjudicación de obras a contratistas que no cumplen los requisitos son tan solo algunos de los problemas que vemos a diario en la ejecución de los recursos públicos.
Sin embargo, este no es el único cáncer que padece el País, dado que hay otro de similares magnitudes que debemos combatir con igual determinación: la evasión de impuestos, una práctica que por concepto de renta e IVA le cuesta a la Nación $42.3 billones anuales, una cifra equivalente a todo el presupuesto del sector salud en 2022.
Por eso, cuando construimos la Ley de Inversión Social con el Gobierno dejamos claro que uno de los principales componentes debería ser el fortalecimiento de la DIAN y la lucha contra la evasión, toda vez que un mayor recaudo por este concepto nos permitiría financiar la lucha contra la pobreza sin cruzar las líneas rojas de las pensiones, el IVA o la clase media.
Para hacerlo realidad, sin crear nuevos impuestos, sino haciendo cumplir los que ya existen, el proyecto contempla cinco grandes medidas en este aspecto con las cuales se esperan recaudar $2.7 billones adicionales por año:
En primer lugar, una de las prácticas más comunes en el País es registrar la venta de bienes inmuebles en las notarías por el avalúo catastral y no por el valor comercial. Por ejemplo, un apartamento que en el mercado cuesta $600 millones, en el papel se vende por $350 millones, dado que las partes acuerdan hacer la venta formal por el menor monto legal posible, de tal forma que se paguen menos impuestos y los $250 millones restantes el comprador se los entrega en efectivo al vendedor.
Debido a esa situación, en la reforma se establece que la DIAN implementará un sistema de georreferenciación que calculará el valor comercial de todos los bienes inmuebles del País, el cual deberá ser tenido en cuenta por el notario so pena de ser sancionado. Con esta medida se pone fin a la práctica del subregistro y se logra que en todas las ventas de inmuebles se paguen los impuestos correspondientes al valor verdadero de la negociación.
En segundo lugar, la DIAN podrá inscribir de oficio a las personas naturales en el RUT. Esto significa que si la entidad observa que un sujeto tiene una relación de ingresos y gastos por la cual debería declarar renta, sin que lo esté haciendo, ella automáticamente lo registra en su base de datos.
Es decir, el Estado no esperará pasivamente a que cada colombiano le presente voluntariamente su declaración de renta, sino que pasará a tener un rol más activo donde pondrá a hacerlo a las personas que en la práctica tienen ingresos altos y normalmente se hacen los locos con el pago de impuestos.
En tercer lugar, la facturación electrónica se convertirá en el mecanismo de facturación por excelencia del País. Una medida que acabará, por ejemplo, con la práctica de negociar el IVA en sectores como la construcción o el automotriz y que le permitirá tener a la Nación un registro integral de todas las operaciones comerciales que se realicen en Colombia.
De hecho, la DIAN revisará todas las facturas electrónicas previo a su expedición para que sean válidas y la tradicional factura en talonario solo servirá cuando el vendedor presente problemas tecnológicos, lo que no lo exime de la responsabilidad de realizar el respectivo trámite tributario.
En cuarto lugar, la DIAN calculará la declaración de renta cada persona y facturará el impuesto de renta. Esto facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y le permitirá a la institución cobrar mucho más rápido las deudas de los contribuyentes morosos, dado que esa factura prestará mérito ejecutivo.
Finalmente, para poder llevar a cabo todo lo anterior la Ley de Inversión Social fortalece el intercambio automático de información entre entidades, lo que implica que la DIAN ahora determinará los sujetos que se encuentran obligados a suministrarle datos.
En otras palabras, la DIAN cruzará una infinidad de base de datos de todo el País para establecer qué personas deben pagar impuestos y los montos respectivos.
Siempre he creído que debemos poner a la tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción. Pues bien, esta reforma logra poner a la tecnología al servicio de la lucha contra la evasión. No pagar impuestos también es una forma de corrupción que desangra las finanzas públicas y que debe ser combatida sin contemplación.