Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Todos queremos que en el País haya más vías terciarias, hospitales, programas sociales, autopistas, becas y, en general, más inversión. El problema, al igual que sucede con las finanzas empresariales y familiares, es saber de dónde sacamos los recursos para financiar esas acciones.
Ciertamente, en el manejo del Estado no podemos cometer la irresponsabilidad de gastarnos la plata que no tenemos. Aunque prometer subsidios y obras por doquier es de las acciones que más popularidad le pueden dar a un político, lo cierto es que endulzarle el oído al País con propuestas fiscalmente inviables equivale a mentir jugando con las ilusiones de la población.
Y desafortunadamente eso lo hemos visto de sobra estos últimos días. Algunos sectores, afanados por llegar a la Casa de Nariño en 2022 a cualquier costo, proponen sin sonrojarse que el Presupuesto de la Nación para el 2021 aumente en $100 billones o que para financiar la renta básica y demás programas sociales se incremente el endeudamiento o se realice una fuerte emisión de billetes.
Pues bien, aunque son bastante románticas estas alternativas, la verdad es que no son nada viables. Por un lado, Colombia no puede seguir endeudándose indefinidamente. Recordemos que la administración anterior recibió en 2010 una deuda que equivalía al 38.8% del PIB y durante 8 años la elevó hasta llegar al 50.6% en 2018, a lo cual hay que adicionar el hecho que debido a la pandemia el Gobierno se vio obligado a acudir a este rubro como principal fuente de financiación de las medidas de emergencia, con lo que se estima que al finalizar este año los colombianos estaremos debiendo el 65.6% de nuestro PIB.
Por esta razón, seguir acudiendo a la deuda para financiar la inversión no es una opción responsable. Entre más dinero deba el País en relación a su PIB, más costoso sale endeudarse, razón por la que este rubro, lejos de aumentarse, se debe disminuir. De lo contrario, condenaremos a las próximas generaciones a pagar los platos rotos del presente.
Por otro lado, imprimir billetes indiscriminadamente en el Banco de la República es de las opciones más peligrosas que pueden haber, dado que corremos el riesgo de disparar la inflación que en nuestro País ha estado controlada durante los últimos 20 años. Lo último que necesitamos es tener una crisis inflacionaria como la de Argentina o Venezuela.
Siendo esto así, ¿qué podemos hacer para aumentar la inversión de manera responsable?
Muy sencillo: es urgente que el Gobierno dé ejemplo, se amarre el cinturón y acabe de manera definitiva con el inaceptable derroche burocrático que heredó de la pasada administración y que está absorbiendo recursos valiosos que debemos liberar.
En efecto, los gastos de funcionamiento del Gobierno Nacional pasaron de $76.6 billones en 2010 a $133.3 billones en 2017 y los costos de personal tuvieron un incremento de $12.5 billones en ese mismo periodo, mientras que de 2002 a 2009 solamente aumentaron $6.7 billones.
Es decir, el esfuerzo de austeridad que realizó el Gobierno Uribe para reestructurar y reducir las nóminas de 468 entidades se tiró a la basura de 2010 a 2018, donde se crearon Ministerios, Consejerías Presidenciales, Unidades Administrativas Especiales, Agencias, nóminas paralelas y, en general, un sinfín de corbatas que no se necesitan.
De hecho, hoy en día en la rama ejecutiva existen 547.392 cargos que nos cuestan $24.8 billones anuales, de los cuales 442.864 son uniformados de la Fuerza Pública y los restantes 104.528 son funcionarios civiles cuyas nóminas ascienden a $8.6 billones. Una cifra alarmante que equivale al promedio de recaudo de una reforma tributaria y que debemos reducir drásticamente para que con esos mismos recursos llevemos inversión a las regiones.
Por lo anterior, radicaré en los próximos días un proyecto de ley que le entrega facultades extraordinarias al Presidente para fusionar y eliminar entidades de la administración pública nacional. Antes que aumentar impuestos o endeudarnos más, el Gobierno debe acudir al ahorro proveniente de la eliminación de burocracia innecesaria para financiar los proyectos de reactivación que tanto requiere el País.