Por: Nicolás Pérez,
Senador de la República.
Quizás el mayor daño en términos económicos de la fallida reforma tributaria del ex Ministro Carrasquilla fue que Standard & Poor’s y Fitch Ratings, dos de las tres calificadoras de riesgo que evalúan las condiciones fiscales del País, le quitaron el grado de inversión a Colombia.
Recordemos que perder esta calificación tiene cuatro grandes consecuencias. La primera, es que se encarece el financiamiento de la Nación, dado que al haber un mayor riesgo de no pago suben las tasas de interés. Con esto, año tras año debemos dejar de destinar recursos a inversión en infraestructura o programas sociales para cubrir una deuda más costosa. La segunda, es un aumento en el precio del dólar, toda vez que los inversionistas se refugian en la estabilidad y solidez de esta moneda ante la incertidumbre que genera poner su capital en empresas o proyectos de un País que tiene unos niveles de endeudamiento demasiado elevados.
La tercera, es una potencial afectación a las mesadas pensionales, ya que se desvalorizan en el mercado los títulos de deuda pública que en buena parte son adquiridos como inversión por parte de los fondos de pensiones privados con el ahorro de todos los trabajadores y jubilados. Es decir, se cotizan con menor valor los documentos a través de los cuales el Gobierno pide unos recursos prestados y se compromete a pagarlos con intereses.
La cuarta, es que también se encarece el financiamiento de las empresas que emiten bonos corporativos, algo semejante a los títulos de deuda pública, lo cual limita los recursos disponibles para generar empleos o expandir su operación.
Por eso, en el Congreso teníamos claro a mitad de año que era urgente aprobar una reforma que le enviara un mensaje de tranquilidad al mercado, a los acreedores y a las calificadoras de riesgo, donde el eje central debía ser un compromiso por parte del Gobierno de disminuir la deuda y el déficit fiscal a mediano plazo. En especial, teniendo en cuenta que Moody´s, la tercera agencia, había postergado la decisión de quitarle o no el grado de inversión al País dependiendo del resultado de la nueva tributaria.
Afortunadamente, eso fue lo que logramos con la Ley de Inversión Social. Claro, en ese proyecto también aprobamos una expansión del gasto social durante 2021 y 2022 que nos permitirá disminuir la pobreza del 42.5% al 34.2% y retornar a las condiciones sociales y económicas previas a la pandemia. Sin embargo, las proyecciones de recaudo que se lograron fueron más que significativas.
En efecto, a partir de 2023 a las arcas de la Nación ingresarán de manera plena los $15.2 billones adicionales provenientes del incremento en la tarifa de renta de las medianas y grandes empresas, de la sobretasa al sector financiero, de los recortes en los gastos de funcionamiento y del fortalecimiento de la lucha contra la evasión.
Lo anterior, hará posible que desde ese año inicie un proceso de corrección fiscal donde se espera que la deuda disminuya del 69.1% del PIB en 2023 al 62.8% en 2032, lo cual, para lograrlo del todo, requiere que la próxima administración saque adelante una nueva reforma tributaria que termine de recaudar el dinero necesario.
Gracias a este contexto y al buen historial crediticio de Colombia, que dicho sea nunca ha dejado de pagar sus obligaciones financieras, esta semana Moody´s no solamente decidió mantener el grado de inversión del País, sino que elevó la calificación de Colombia en un escalón.
Ahora bien, esto no quiere decir que ya podemos cantar victoria. Todavía nos toca lograr que Standard & Poors y Fitch Ratings le devuelvan esa calificación al País, lo cual dependerá en buena medida del resultado de las elecciones presidenciales del 2022 y de la siguiente tributaria que se discuta en uno o dos años. No obstante, lo visto esta semana sí es un paso significativo para que Colombia recupere la confianza del mercado y siga siendo uno de los destinos de inversión más atractivos de la región.