Por: Nicolás Pérez.
Senador de la República.
Uno de los aspectos claves para mejorar la alarmante situación de inseguridad urbana por la que atraviesan varias ciudades del País es aumentar el pie de fuerza de la Policía. Para lograrlo, no solamente es necesario incorporar nuevo personal, sino, sobre todo, lograr que la institución incentive a quedarse a los uniformados que cumplen con el tiempo de servicio, el cual, dependiendo de las condiciones de ingreso, oscila entre los 20 y 25 años.
Digo esto porque hoy en día vemos una situación muy clara: los miembros del nivel ejecutivo de la Policía no se están quedando voluntariamente en la institución y apenas cumplen los requisitos prefieren pensionarse y pasar a trabajar al sector privado antes que permanecer en la entidad.
Por ejemplo, a lo largo de los últimos cinco años este segmento, el más numeroso e importante, pasó de 140.377 a 131.105 miembros, lo que implica una reducción de 9.272 uniformados. Para poner estas cifras en contexto, con ese personal podríamos cubrir la totalidad del déficit de policías que tiene Bogotá.
De hecho, es tan crítica la situación que de nada sirve que en este quinquenio se hayan incorporado 24.816 patrulleros, dado que al ser los niveles de deserción tan altos no logramos contrarrestar las bajas ni mantener un pie de fuerza estable a mediano plazo.
¿Por qué sucede esto?
Muy sencillo: actualmente los miembros del nivel ejecutivo no tienen ningún incentivo para quedarse en la institución una vez cumplen el tiempo de servicio, lo cual contrasta con la situación de los oficiales, quienes mayoritariamente continúan haciendo la fila para ascender a coroneles y generales.
Por mencionar un caso, los patrulleros, que son la base de la Policía con 97.253 efectivos, son los que menos permanecen en la entidad, a tal punto que en los últimos cinco años tan solo 93 efectivos que cumplieron con el tiempo de servicio continuaron trabajando allí, en contraste a los 426 tenientes coroneles y coroneles que siguieron desarrollando su carrera.
Debido a esta situación, en este periodo de sesiones del Congreso radicaré un proyecto de ley que crea una prima de antigüedad mensual para los miembros del nivel ejecutivo que cumplan con el tiempo para retirarse por decisión propia y permanezcan en la Policía, de tal manera que se establezca un incentivo económico que motive a los uniformados a no abandonar la institución.
Esta prestación, cabe resaltar, ya existe de manera similar para los grados de oficiales de subteniente a teniente coronel y los suboficiales. Sin embargo, inexplicablemente no aplica para el nivel ejecutivo, a pesar que este concentra el 83.1% de la entidad.
Por eso, con esta iniciativa no solamente estaríamos equiparando, con justa razón, las condiciones entre los diferentes rangos de la institución, sino que evitaríamos que el pie de fuerza del País continúe disminuyendo de manera tan alarmante, más aún cuando, debido a esta circunstancia, la Policía está dejando ir a su personal más valioso: a los uniformados con 20 años de formación y experiencia que se encuentran entre los 40 y 45 años, la edad más productiva de una persona.
Lógicamente, este proyecto acarrea un costo fiscal. Sin embargo, sale más caro y demorado la formación de los nuevos uniformados que arrancan desde cero que la adopción de esta prestación para los más experimentados. Además, el Gobierno sí o sí debe financiar la asignación de retiro de los policías que cumplan con el tiempo de servicio, razón por la que, haciendo un esfuerzo adicional, no afectamos el pie de fuerza de un País que clama con urgencia un combate frontal a la delincuencia urbana.