Le debe el país, como muchas otras cosas, a la Senadora María Fernanda Cabal la justa alarma que lanzó a los cuatro vientos sobre el maldito Tratado de Escazú.
Ese engendro comunista, nacido como tantos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nido de víboras de izquierda, pone a los Estados signatarios en manos de las ONG de esa corriente, que podrán intervenir en nuestros asuntos, más y mejor que ahora, con el pretexto tan plausible de la defensa de la ecología universal.
Son los mismos a los que importa un comino la deforestación inclemente para sembrar la coca; los mismos que no dejan asperjar con glifosato esas plantaciones; los que se encogen de hombros ante el desastre ambiental que producen los que explotan el oro de nuestros ríos; los mismos que se callan la boca cuando vuelan los oleoductos y asesinan la fauna y matan la flora de nuestras selvas; los que guardan absoluto silencio ante las perforaciones continuas de esos oleoductos para robar combustibles y preparar la cocaína, los que ahora pregonan, con el nombre de Escazú, el derecho universal a proteger el medio ambiente. Celebramos que Vargas Lleras haya olido el alijo.
Los países grandes de América latina ya notaron el tufo nauseabundo y no ratifican Escazú. Ni México, ni Brasil, ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Venezuela, ni los cinco de Centroamérica, ni Paraguay y ni hablar de Canadá Y Estados Unidos se dejan meter en semejante trampa. ¿Por qué le gustará tanto Escazú al Presidente Duque?
Valga preguntar, a propósito de Escazú, por la fumigación aérea de los cultivos de coca. Ya los Estados Unidos hicieron admonición perentoria sobre el particular. Y por aquí nadie oye, con la disculpa de que la muy Honorable Corte Constitucional prohíbe esa práctica, poniéndole condiciones imposibles, como aquella tan ingeniosa de preguntarle a los cocaleros si les parece bien que les destruyan sus malditos cultivos.
También tratamos de entender las barreras, trampas y celadas que se le ponen a las exploraciones de petróleo con el uso del fracking. En muy corto tiempo, casi nada desde la perspectiva del negocio petrolero, nos quedaremos sin ese combustible. Y los mamertos enemigos de esta forma de exploración, no han tenido la bondad de decirnos de qué viviremos entonces, con qué saldremos a comprar mercado. Pero el Gobierno se deja enredar, una vez más, en esa dialéctica idiota, y esta es la hora en que ni siquiera sabemos cómo y cuándo se harán los ensayos que demuestren lo que todo el mundo ya sabe. Menos nosotros, por supuesto.
A las muchas cosas que veníamos sin entender, salvo que resolviéramos pensar mal sobre todas ellas, se suma ahora el sorprendente y algo tardío e incompleto y falso reconocimiento que las FARC han hecho de sus delitos, empezando, por orden de gravedad, con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.
Para esta confesión se valen de su vieja amiga Teodora, que lleva 25 años con el secreto, o que lo acaba de conocer y valdría la pena entender de qué manera.
Teodora no tiene vergüenza para nada, lo sabemos muy bien, pero sí interés para todo lo que hace. Y esta razón que trae es harto interesada. Sencillamente, hablando, si entendemos bien, se trata de desviar, otra vez, la investigación sobre el magnicidio, para culpar a Tirofijo, o para exaltarlo atribuyéndole ese crimen, cuando bien muerto está. A Álvaro Gómez lo mató el Régimen, comandado entonces por Samper y por Serpa, los mismos que salieron tan gratamente sorprendidos a reconocer esa maravillosa verdad. Si las FARC mataron a Álvaro Gómez, por supuesto no lo mandaron matar ellos. Ni sus amigos y financiadores del Norte del Valle, aliados con ciertos jefes de la Policía, que bien conocemos. ¡Lo que hemos venido a saber 25 años después! Nos creen tontos irredimibles.
Tratemos de entender ahora el sainete que sobre la libertad del Presidente Uribe tiene montado la Corte Suprema de Justicia, con la invaluable ayuda de la juez que les mandó el proceso, en obedecimiento a una especie de recurso de apelación que ella misma se interpuso. Un descubrimiento procesal que Carnelutti no habría logrado entender.
Cuando nuestros lectores se acerquen a estas línea, estará empezando el nuevo capítulo de semejante comedia barata. Todo está en descifrar lo que a la Corte se le ocurra para mantener en prisión al Presidente Uribe. Nada más le interesa.
Tratemos de entender. Los comunistas se tomaron el poder. Son dueños de las Cortes, de todas ellas, son dueños de un poder legislativo sobre el que ejercen poder absoluto y de un Gobierno que les ayuda en todo, con la única condición de que no lo molesten en mucho. Mientras tanto, que siga la rumba. Los grandes espectáculos necesitan sus payasos y la diversión hace parte de la tragedia.