Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Pocos temas logran generar tanto consenso en la comunidad internacional como lo ha hecho la desproporcionada medida de aseguramiento impuesta contra el Presidente Uribe. Con total justificación, Gobiernos y ex mandatarios de la región han elevado su voz de protesta contra una decisión que expone la falta de garantías que amenaza la estabilidad de la democracia nacional.
En efecto, aunque algunos en Colombia han manifestado que privarle la libertad a Álvaro Uribe es un triunfo del Estado de derecho, de la independencia de las instituciones y de la solidez de nuestra democracia, lo cierto es que eso no es así. De hecho, demuestra todo lo contrario…
Recordemos que el objetivo principal de las constituciones es limitar el poder. Claro, con el tiempo se han agregado propósitos importantes como fortalecer el pluralismo o la participación democrática, pero lo cierto es que una constitución no es constitución si no logra imponerle un freno efectivo a las personas que están investidas de autoridad pública.
Siendo esto así, ¿realmente la constitución cumple su cometido cuando no logra evitar que las instituciones desborden sus funciones? ¿si ese es el tratamiento a un ex mandatario, qué garantías pueden esperar los ciudadanos de a pie? ¿funciona correctamente el imperio de la ley cuando no se le permite defenderse en libertad a alguien que ocupó la primera magistratura del Estado?
Evidentemente no…
Por eso, 21 ex Presidentes de 11 países de Iberoamérica no solamente expresaron su solidaridad con Álvaro Uribe, sino que también manifestaron su preocupación ante la ideologización de los derechos humanos que fractura progresivamente el Estado de derecho, llamado al cual se han sumado innumerables gremios económicos en el País.
A lo anterior, hay que adicionar el claro respaldo expresado por el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del Vicepresidente Mike Pence, a la solicitud para que el Presidente Uribe se pueda defender en libertad.
No, ese clamor no es una intromisión en los asuntos internos ni una afectación a la soberanía como falsamente lo quieren hacen ver aquellos que también se molestan cuando se cuestiona a la dictadura de Nicolás Maduro.
Sencillamente es una expresión de solidaridad de nuestro principal aliado económico, político y militar, quien, adicionalmente, en 2009 condecoró por su incalculable heroísmo a Álvaro Uribe con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto reconocimiento que la Casa Blanca le otorga a un civil y que ha sido dado, entre otras personalidades, a Martin Luther King, Margaret Thatcher, John F. Kennedy, Ronald Reagan, Juan Pablo II o la Madre Teresa de Calcuta.
La preocupación de la comunidad internacional es legítima, no tiene fines políticos ni electorales, así como tampoco busca venganzas personales. Simplemente aboga para que en Colombia el Estado de derecho le brinde a un valeroso y ejemplar primer mandatario la posibilidad de defender su honra con garantías efectivas.
Hoy es el Presidente Uribe, pero mañana puede ser cualquier persona. Desafortunadamente nadie está exento de afrontar un proceso penal en su vida y lo mínimo que el marco legal le debe dar a un ciudadano en esa situación son herramientas básicas para defenderse.
Los opositores de Álvaro Uribe se regocijan en júbilo repitiendo la frase “nadie está por encima de la ley”, la cual han convertido en el caballito de batalla para justificar a toda costa esta desproporcionada decisión, pero lo que en la actualidad posa en el firmamento como un trofeo para los bandidos que tanto combatió desde la Presidencia desnuda una preocupante realidad que destroza por completo la vida de ciudadanos que, inocentes o culpables, deben enfrentarse contra la mole estatal que va tras su libertad.