Por: John Harold Suárez Vargas,

Senador de la República.

El anuncio de una nueva jornada de marchas para este 26 de agosto por el autodenominado comité nacional del paro llega justo en momentos en que el país muestra signos de reactivación económica, descenso en casos de contagio de COVID – 19 y en ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos. 

La justificación planteada por ellos es el apoyo a sus 10 proyectos de ley radicados en el Congreso de la República y la oposición al plan de austeridad del Estado propuesto en la nueva reforma tributaria y que otorgaría facultades al Presidente para eliminar o fusionar entidades, así como congelar la planta de personal, lo que permitiría a la Nación ahorrar cerca de dos billones de pesos anuales. Es contradictorio que los que hace unos meses sembraron el caos en el país exigiendo menos burocracia hoy la estén defendiendo. 

Lamentablemente en ciertos sectores políticos la recuperación de la economía, los niños estudiando y sus padres trabajando generar malestar. Parece que el escenario político predilecto para desarrollar sus campañas políticas son los hospitales colapsados y el aparato productivo arruinado.

Si bien aún falta mucho por hacer, hay cifras esperanzadoras como la presentada por el DANE donde se indica que la tasa de desempleo pasó del 19.8% en junio de 2020 al 14.4% en igual periodo para este año. Pero esto no es tenido en cuenta por los  promotores del paro y sus socios políticos, y por el contrario guardan silencio sobre que, a consecuencia de los bloqueos del segundo trimestre del año, la economía se ralentizó en un 2.4%, y las pérdidas de empleos fueron superiores a las del confinamiento de 2020. 

Las tasas de contagios han bajado y el plan nacional de vacunación avanza, sin embargo no estamos exentos de un nuevo pico en la pandemia, y como tal no debemos bajar la guardia en las medidas de protección; ya vimos el aumento de contagios y muertes a consecuencia de las jornadas de protestas este año, donde se ignoraron medidas de distanciamiento social y se afectó el normal desarrollo de las jornadas de vacunación.

Todos los colombianos tenemos el derecho de llevar iniciativas legislativas que busquen crear o modificar leyes al escenario constitucional y democrático para su discusión que es el Congreso de la República. En cumplimiento de nuestro deber hemos votado positivamente proyectos de ley que no son de nuestra autoría, o de partidos no afines al Gobierno, cuando estos son coherentes, realistas y presentan beneficios para los ciudadanos. 

El 26 de agosto, otro día sin clases para los niños, no hay derecho.