Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
El incremento en el costo de vida durante 2021 fue una realidad que no solamente afectó a Colombia. A nivel global la mayoría de países reportaron cifras que preocupan y que exigirán el inicio de un proceso de estabilización monetaria donde se dejen en el pasado los auxilios que con justa razón se entregaron durante 2020.
Como tal, para mitigar el fuerte impacto que significó la llegada de la pandemia y las prolongadas cuarentenas de hace año y medio, todas las Naciones adoptaron en 2020 medidas contra-cíclicas para proteger la capacidad adquisitiva de los hogares, lo cual significa que los Estados inyectaron dinero en la economía para suplir las dificultades por las que estaba atravesando el mercado.
En Colombia, por ejemplo, establecimos el PAEF, el Ingreso Solidario, se dieron giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, la Nación garantizó créditos a través del Fondo Nacional de Garantías, se establecieron beneficios tributarios temporales como la exención del IVA de ciertos planes de celulares o a la importación de insumos médicos y el Banco de la República bajó la tasa de interés de 4.25% a 1.75%.
Por su parte, en Estados Unidos el Gobierno Federal y los Estados implementaron un paquete de alivios dentro de los que se encontraban los bonos de desempleo que, dependiendo la zona del País, podían llegar a US$2.472 mensuales. Una cifra que duplicaba los US$1.256 que recibía al mes un trabajador que trabajara 40 horas semanales y percibiera el salario mínimo federal de US$7.25 por hora.
En últimas, estas medidas buscaban que a través de un incremento en la inversión pública se lograra contrarrestar la disparada del desempleo y que la caída del PIB no fuera tan severa. Sin embargo, aunque fueron decisiones acertadas en ese momento, son insostenibles en el largo plazo, dado que acarrean uno de los mayores problemas que puede sufrir una economía: la inflación.
En efecto, al haber más dinero circulando en el mercado se aumenta la demanda por adquirir bienes y servicios, lo que a su vez hace que estos suban de precio, ya que la cantidad de productos disponibles no es suficiente para responder a esa nueva realidad.
Prueba de ello es que a nivel global se incrementó el costo de vida. Por mencionar varios casos, en 2021 la inflación cerró en Estados Unidos en 7%, la más alta desde 1982, en Perú, Chile y México osciló entre 6.4% y 7.3%, en Brasil la cifra ascendió a 10.7% y en Argentina llegó a un alarmante 50.9%
De hecho, estas cifras reflejan que nuestra economía sigue siendo una de las más sólidas de la región, ya que nuestra alza fue de 5.6%. Un número que preocupa en épocas normales, pero que no deja de ser favorable en el contexto internacional que estamos viviendo.
En este escenario, quizás el principal reto económico que tendrán que afrontar los Países en 2022 será la disminución de este indicador, para lo cual será necesario, por un lado, que los Gobiernos desmonten gradualmente los auxilios monetarios que aún persisten de la pandemia y, por otro lado, que los Bancos Centrales recojan el exceso de dinero circulante en la economía a través de medidas como el alza en las tasas de interés.
Y la razón es muy sencilla: la inflación en la práctica termina fungiendo como una especie de impuesto adicional que afecta especialmente a los hogares de menores recursos. Cuando el precio de los bienes y servicios se incrementa exponencialmente el dinero rinde menos y la capacidad adquisitiva de las personas se ve reducida. En otras palabras, la plata no alcanza. Algo que no genera mayor impacto en aquellos que tienen ingresos altos, pero que se siente con fuerza en el grueso de las familias.
Por eso, será crucial que el Banco de la República, en nuestro caso, logre controlar este fenómeno de manera progresiva y con bastante tacto, de tal forma que se estabilice el costo de vida sin afectar intempestivamente los altos niveles de consumo que hicieron realidad la exitosa reactivación económica del 2021.